Un grupo de 30 exjefes de Estado y de Gobierno, integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) y del Grupo Libertad y Democracia, emitió un comunicado conjunto en el que solicitan a organismos internacionales de derechos humanos monitorear de manera urgente el proceso judicial que enfrenta el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez.
El documento, dirigido a altas autoridades de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), denuncia supuestas irregularidades que, a juicio de los firmantes, comprometen gravemente el derecho al debido proceso, la defensa y la imparcialidad judicial del exmandatario.
“El caso contra el expresidente Uribe representa un precedente nefasto que amenaza los principios del Estado de derecho en Colombia”, advierte el comunicado, suscrito por figuras como José María Aznar (España), Mauricio Macri (Argentina), Iván Duque (Colombia), Felipe Calderón (México), Óscar Arias (Costa Rica) y Julio María Sanguinetti (Uruguay), entre otros.
Un grupo de 28 expresidentes de IDEA y Libertad y Democracia hemos solicitado observancia internacional ante las graves irregularidades en el caso contra @AlvaroUribeVel. Se violaron tratados de DD.HH. y no hay una sola prueba que justifique una condena. Uribe es inocente.
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— Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) August 1, 2025
Alegan múltiples anomalías procesales
Los firmantes aseguran que el proceso judicial contra Uribe —quien fue condenado recientemente en primera instancia— ha estado marcado por irregularidades que comprometen su legitimidad. Entre ellas destacan la interceptación ilegal de más de 21.000 comunicaciones privadas sin orden judicial, filtraciones a medios de comunicación que habrían generado un juicio mediático paralelo, y el uso de testimonios de personas con antecedentes penales o cuestionamientos por falso testimonio.
También critican el viraje de la Fiscalía General de la Nación, que durante dos años solicitó la preclusión del proceso por falta de pruebas, pero que cambió de postura tras el relevo en la dirección del ente acusador. Según el comunicado, este cambio coincide con la llegada de una nueva administración alineada políticamente con el Gobierno actual, del cual Uribe es opositor.
Solicitan intervención internacional
El documento solicita a los organismos internacionales varias acciones concretas: protección de derechos fundamentales, activación de monitoreo sobre el caso, recomendaciones urgentes al Estado colombiano, y el requerimiento formal de información detallada sobre las garantías procesales aplicadas.
Además, señalan que la Procuraduría General de la Nación, entidad encargada de velar por la legalidad en los procesos judiciales, pidió la absolución de Uribe en junio de este año, lo que —a su juicio— refuerza la tesis de que no existen pruebas concluyentes para una condena.
“No se busca presionar, sino advertir”
“Esta comunicación no busca generar presión institucional o personal sobre la justicia colombiana”, enfatiza el comunicado. “Se presenta para denunciar un patrón de irregularidades procesales que, de consolidarse con una condena definitiva, podría minar los fundamentos del sistema democrático y de derechos humanos en Colombia y en la región”.
Los exmandatarios concluyen su pronunciamiento solicitando que el caso reciba prioridad en las instancias internacionales, advirtiendo que su desenlace puede afectar el equilibrio democrático en el país y sentar un precedente delicado para la región.
Hasta el momento, el Gobierno colombiano no ha emitido un pronunciamiento oficial en respuesta a esta solicitud.
