En 1992, Álvaro Uribe fue clave para evitar la cárcel de los exguerrilleros del M-19, entre ellos Gustavo Petro. Tres décadas después, el beneficiado de ese indulto se convirtió en su mayor antagonista político.
Por más que la historia cambie de intérpretes, los hechos siempre encuentran su ironía. Y en la política colombiana, pocas ironías son tan cargadas de simbolismo como la que une —y separa— a Álvaro Uribe Vélez y Gustavo Petro.
El 20 de mayo de 1992, un senador liberal antioqueño de 40 años, de hablar directo y convicciones firmes, se levantó en el Congreso a pedir algo que, para muchos, era impensable: el perdón total a los exguerrilleros del M-19. Su nombre: Álvaro Uribe Vélez. En ese instante, no lo sabía, pero estaba escribiendo el primer acto de una de las más intensas rivalidades políticas de las décadas siguientes.
Los excombatientes del M-19, tras dejar las armas, se habían convertido en constituyentes y congresistas. La Ley 77 de 1989, firmada por el presidente Virgilio Barco, les había otorgado un indulto, pero excluía los delitos atroces. Esa ambigüedad jurídica amenazaba con encarcelarlos, pese al proceso de paz ya pactado. La justicia llamó a juicio a Antonio Navarro, Otty Patiño, Carlos Alonso Lucio y otros más. Incluso Gustavo Petro, que había vivido la guerra más desde el análisis que desde el frente, quedaba en la mira del sistema penal.
En ese clima de tensión, Uribe alzó la voz. No en nombre de la impunidad, sino en defensa de un acuerdo ya firmado. Proponía una solución jurídica para no echar por la borda la paz alcanzada. Así nació la Ley 7 de 1992, conocida como la ley de reindulto, una norma que extendió el perdón incluso a los delitos que antes eran considerados intocables. Uribe fue coautor de esa ley, redactada junto a figuras como Fernando Carrillo y Humberto de la Calle. Se invocaron razones políticas, la paz como deber del Estado y el principio de favorabilidad. El Congreso la aprobó.
Esa noche, la política colombiana vivió un momento clave: Uribe salvó al M-19. Y entre los salvados estaba Gustavo Petro, un joven de gafas y cuaderno que pasaba más tiempo observando que hablando. Ese mismo Petro, beneficiado por la decisión de Uribe, llegaría años más tarde a denunciarlo como el gran padrino del paramilitarismo, a oponerse ferozmente a su legado y a disputarle el país en cada elección.
El mismo Uribe que habló en favor del indulto amplio en 1992 sería, como presidente, el artífice de la Ley de Justicia y Paz, que buscó penas alternativas para los paramilitares. Después, como líder opositor, se convertiría en el más crítico del Acuerdo de Paz con las FARC, aludiendo con frecuencia a la impunidad y el riesgo de permitir que responsables de delitos atroces lleguen al poder. La paradoja es total: quien pidió perdón para los ex-M19, hoy rechaza cualquier concesión similar para otros actores armados.
La historia no olvida. Y en este caso, recuerda que Uribe no solo fue un actor central del perdón, sino su defensor más convincente. Lo hizo cuando eso implicaba ponerse en contra de parte de su partido y de la opinión pública. Lo hizo en nombre de un ideal: salvar la paz. Que ese acto jurídico se haya convertido en el origen de su rivalidad con Petro es uno de esos giros que solo la política permite.
En retrospectiva, ese 20 de mayo de 1992 no fue solo una sesión legislativa. Fue la semilla de un duelo político que marcaría a Colombia durante décadas. Mientras Uribe hablaba, Petro escuchaba. Mientras el uno sellaba el perdón, el otro comenzaba a diseñar su camino hacia el poder. Hoy, el expresidente enfrenta juicios y el presidente Petro gobierna una nación dividida, pero ambos comparten una raíz común: la ley que los unió y luego los separó.
La paz que Uribe salvó fue la misma que permitiría a Petro nacer como político. Y la confrontación que hoy los separa es, en parte, el eco inevitable de aquella decisión. Colombia sigue siendo el escenario de ese duelo. Uno que comenzó con un gesto de reconciliación, pero que la historia convirtió en disputa.
Y.A.
