Las comunidades de Pijiño del Carmen, San Zenón y El Retén claman por atención médica, pero ocho diputados, incluido Rafael Noya, mantienen secuestrados los recursos del superávit que permitirían dotar y habilitar sus hospitales ya construidos o en proyecto.
Por: Redacción.
DIARIO LA LIBERTAD.
Miseria política: el crimen silencioso contra la salud del pueblo…
En el departamento del Magdalena, donde las necesidades básicas siguen sin resolverse, la salud ha sido tomada como rehén. No por la escasez de recursos, ni por la incapacidad técnica, sino por la decisión deliberada de ocho diputados que, por razones políticas, han frenado el avance de tres hospitales clave: los de Pijiño del Carmen, San Zenón y El Retén. Una situación que solo puede describirse como criminal.
Uno de esos diputados, y no precisamente un actor secundario en este drama, es Rafael Noya. Su nombre resuena entre los pasillos de la Asamblea del Magdalena como uno de los principales responsables de que estos proyectos, fundamentales para garantizar el derecho a la salud digna, estén paralizados desde hace más de siete meses. ¿La razón? La Asamblea no ha querido tramitar el proyecto de ordenanza del superávit que permitiría invertir los recursos ya disponibles.
El caso más simbólico y doloroso es el del Hospital de El Retén. Una obra prácticamente finalizada, una infraestructura que ya podría estar salvando vidas y brindando atención a cientos de habitantes, pero que hoy está cerrada, sin dotación, sin personal, sin servicios, porque el dinero necesario para su funcionamiento permanece congelado en las cuentas de la Gobernación, a la espera de una aprobación que no llega. Y no llega porque, como lo denuncian los propios comités populares, hay una “actitud mezquina y casi criminal” por parte de la mayoría de los diputados de la Asamblea.
“Hoy nos encontramos con el equipo de los comités populares haciendo una visita periódica a la obra del nuevo hospital… pero con la lamentable noticia de que no se pueden usar estas locaciones aún por el hecho de no tener la dotación… Ustedes, diputados, no están haciéndole daño al gobernador, están perjudicando a un pueblo”, declaró un vocero de la comunidad de El Retén con visible indignación.
Y tiene razón. Aquí no se trata de un pulso entre Rafael Martínez, gobernador actual, y sus opositores en la Asamblea. Aquí lo que está en juego es la salud y la vida de miles de personas que habitan municipios históricamente golpeados por el abandono institucional. En Pijiño del Carmen y San Zenón, los hospitales simplemente no se han podido construir, porque la autorización para usar los recursos del superávit nunca fue aprobada. Así de brutal, así de sencillo, así de miserable.
Esos mismos recursos, gestionados por la Gobernación, están listos para ser ejecutados. No es una promesa lejana ni un trámite incierto. El dinero existe, está disponible. Solo falta la voluntad de esos ocho diputados para permitir que los proyectos avancen. Pero no la tienen. Y no la tienen porque han convertido la administración pública en una trinchera electoral, en una batalla personal, en una vendetta.
El pueblo, mientras tanto, espera. Espera entre la indignación, la impotencia y la enfermedad. Porque sin estos hospitales, los habitantes deben viajar horas para conseguir atención médica. Porque sin estos hospitales, las emergencias se convierten en tragedias. Porque sin estos hospitales, los diputados han demostrado que les importa más el cálculo político que la dignidad humana.
No es exagerado decir que hay una responsabilidad directa en cada día que esos centros de salud siguen cerrados. En cada complicación médica que pudo evitarse. En cada muerte que pudo prevenirse.
¿Cómo sostener la mirada ante las madres de Pijiño del Carmen que no tienen dónde parir con seguridad? ¿Cómo explicarles a los niños de San Zenón que su dolor de oído no puede tratarse porque el hospital no existe?
Si el diputado Rafael Noya, aún tiene algo de decencia, debería decirle la verdad a la gente. Decir que él y sus colegas han preferido bloquear el bienestar colectivo solo por oponerse al gobernador. Mirarlos a los ojos y sostener que su decisión no ha perjudicado a nadie; porque mientras no lo haga, mientras siga guardando silencio o maquillando la realidad, su nombre será recordado no como un representante del pueblo, sino como uno de los ocho miserables que convirtieron la salud en moneda de cambio.
El Magdalena no necesita más excusas, necesita hospitales funcionando. Y los necesita ya.
Y.A.
