El pasado regresó a golpear a uno de los exfuncionarios más visibles del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). La Fiscalía General de la Nación formalizó una acusación penal contra Andrés Mauricio Peñate, quien dirigió el organismo entre 2005 y 2007, por su presunta participación en una red ilegal de interceptaciones.
La imputación, radicada ante la Corte Suprema de Justicia, señala a Peñate por el delito de concierto para delinquir agravado, al considerar que lideró una operación de inteligencia irregular desde la institución, con la cual se recolectó información reservada de manera ilegal. Los blancos de esa red habrían sido magistrados de la Corte Suprema de Justicia, opositores políticos y un periodista.
Según las investigaciones, durante su administración se habrían utilizado recursos oficiales del DAS para realizar seguimientos, escuchas ilegales e infiltraciones con fines políticos. Los hechos se enmarcan dentro del escándalo conocido como las «chuzadas», que marcó uno de los momentos más críticos de la historia reciente en materia de inteligencia estatal en Colombia.
En la audiencia de formulación de acusación, realizada el pasado 23 de julio, el tribunal reconoció como víctimas a varias figuras públicas y entidades, entre ellas el presidente Gustavo Petro, el periodista Daniel Coronell y varios exmagistrados de la Corte Suprema. También figura el partido Polo Democrático Alternativo, que durante años denunció persecución por parte del DAS.
La Corte Suprema deberá fijar fecha para la audiencia preparatoria, paso previo al eventual juicio contra el exdirector. Este proceso se suma a las condenas ya emitidas en años anteriores contra otros exfuncionarios implicados en el mismo escándalo, como María del Pilar Hurtado, exdirectora del DAS, y Bernardo Moreno, exsecretario general de la Presidencia.
Este nuevo episodio revive las preocupaciones sobre los abusos del poder en materia de inteligencia y el uso indebido de recursos públicos con fines políticos. La justicia ahora tendrá la tarea de determinar el grado de responsabilidad de Peñate en un caso que aún deja cicatrices institucionales en el país.
