En un fallo de segunda instancia, la Procuraduría General de la Nación confirmó este jueves la destitución e inhabilitación por 18 y 20 años de dos exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), involucrados en un escándalo de corrupción relacionado con la compra irregular de carrotanques para el suministro de agua en La Guajira.
Olmedo de Jesús López Martínez, exdirector de la entidad, fue sancionado con inhabilidad por 18 años, mientras que Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, exsubdirector de Manejo de Desastres, recibió una sanción de 20 años. Ambos fueron hallados responsables de autorizar y ejecutar un contrato que generó un sobrecosto de más de $16.000 millones en la adquisición de 40 vehículos.
De acuerdo con la Procuraduría, los funcionarios aprobaron pagos por encima del valor real de mercado —con un sobreprecio superior al 54 %, lo que representa más de $412 millones adicionales por cada carrotanque—, afectando gravemente el patrimonio público.
El órgano de control también confirmó la destitución e inhabilitación por 10 años del exsubdirector general Víctor Andrés Meza Galván, quien participó en la aprobación de la orden de proveeduría que habilitó el pago al contratista, pese a los evidentes sobrecostos.
Según la investigación disciplinaria, Pinilla lideró la estructuración del contrato y avaló tres cotizaciones con precios inflados, omitiendo su responsabilidad de verificar su correspondencia con el mercado. López, por su parte, firmó la ratificación de la orden de proveeduría y autorizó el desembolso de recursos públicos.
Además, la Procuraduría advirtió que Pinilla certificó falsamente la recepción de los 40 carrotanques, aun cuando los vehículos no cumplieron con el propósito establecido en el Decreto 2113 de 2022, que declaraba una situación humanitaria en La Guajira y destinaba los vehículos al abastecimiento de agua para comunidades vulnerables.
El fallo concluye que los tres exfuncionarios actuaron con dolo, desconociendo principios fundamentales de la función pública como la moralidad, la eficiencia y la economía.
Este caso se convierte en uno de los mayores escándalos de corrupción en la gestión de recursos para la atención de emergencias en Colombia, y representa un duro golpe a la credibilidad de las instituciones encargadas de atender las crisis humanitarias del país.
