El departamento del Magdalena vive una nueva etapa política luego de que el Consejo de Estado declarara la nulidad de la elección de Rafael Martínez como gobernador, debido a una inhabilidad por doble militancia. La decisión, que generó un efecto inmediato en la administración departamental, ha dejado a Ingris Mirelda Padilla García, secretaria del Interior, como gobernadora encargada de manera temporal.
La anulación fue formalizada mediante el Decreto 2931 del 30 de julio de 2025, que establece la “falta absoluta” del mandatario y activa los mecanismos legales para su reemplazo. De acuerdo con lo estipulado en la Ley 2200 de 2022, específicamente en su artículo 135, en casos como este la gobernación debe ser asumida por el secretario de Gobierno —o quien haga sus veces— mientras se adelanta el proceso para escoger un nuevo gobernador.
La gobernadora encargada, Ingris Padilla, tendrá la tarea de mantener la estabilidad institucional del departamento durante un período transitorio que culminará con unas Elecciones Atípicas, las cuales deben ser convocadas en un plazo máximo de tres meses, según lo establece la Constitución Política en su artículo 303.
Al momento de la salida de Martínez, restaban 29 meses para completar su mandato constitucional, lo que obliga a realizar una nueva elección popular. Mientras se organizan los comicios, el presidente de la República deberá designar un nuevo gobernador encargado. Esta designación debe hacerse a partir de una terna propuesta por el movimiento político Fuerza Ciudadana, por el cual fue inscrito Rafael Martínez.
La decisión del Consejo de Estado no solo implica un cambio administrativo, sino que también representa un golpe político para Fuerza Ciudadana, colectividad que ha liderado el escenario político del Magdalena en los últimos años. Aunque Padilla es cercana a este movimiento, su gestión tendrá que centrarse en garantizar la continuidad de los programas institucionales sin desbordar la neutralidad que exige este período de transición.
La anulación de la elección de Martínez, fundamentada en una infracción por doble militancia, reafirma el control judicial sobre los procesos electorales y la importancia del respeto a la legalidad en los cargos de elección popular.
Finalmente, el Magdalena entra en una etapa de reacomodo político y administrativo, en la que se espera la pronta convocatoria a elecciones y el nombramiento temporal de un nuevo mandatario, mientras se mantiene la gobernabilidad bajo la administración provisional de Ingris Padilla.
