La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó al presidente Gustavo Petro y al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) tomar medidas urgentes para reestructurar y fortalecer los programas de desminado en el país, en el marco del proceso judicial contra el antiguo secretariado de las Farc por crímenes relacionados con secuestros masivos.
Durante una audiencia pública de verificación del caso 01, que investiga los secuestros cometidos por esa guerrilla durante el conflicto armado, el magistrado Camilo Andrés Suárez advirtió que la actual capacidad operativa del Grupo de Acción contra Minas Antipersonal (AICMA) es insuficiente. La JEP considera esencial que este grupo cuente con una estructura funcional y recursos adecuados antes de dictar sentencia a los comparecientes.
“Se requiere una intervención inmediata del Gobierno Nacional para garantizar que los compromisos de restauración hacia las víctimas sean viables y sostenibles”, afirmó el magistrado Suárez.
La JEP también exigió el fortalecimiento institucional de la Dirección de Acción Integral contra Minas, que depende de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Esta dirección deberá liderar acciones legislativas, operativas y presupuestales dentro del Plan Nacional de Desarrollo para hacer frente a la persistente contaminación por minas en distintas regiones del país.
El desminado ha sido identificado como uno de los cuatro pilares en los que se basarán las sanciones restaurativas que deberán cumplir los exlíderes de las Farc. Los otros tres son:
- La memoria histórica y reparación simbólica,
- La búsqueda de personas desaparecidas, y
- La restauración ambiental y del territorio.
En paralelo, el tribunal pidió al Estado establecer mecanismos de cooperación internacional que respalden estos esfuerzos, aunque subrayó que la financiación no puede depender exclusivamente de entidades extranjeras. El Gobierno deberá asegurar una fuente de recursos sostenibles dentro del presupuesto nacional.
La JEP enfatizó que el desminado es clave para garantizar el retorno seguro de las comunidades a territorios que fueron epicentro del conflicto. Muchas de estas zonas —utilizadas como corredores estratégicos, campamentos o centros de cautiverio— siguen sembradas de explosivos que representan una amenaza permanente para la vida de civiles.
Este 1 de agosto, la JEP retomará las audiencias para analizar en detalle los compromisos de reparación con las víctimas y los proyectos restaurativos propuestos por los comparecientes. La implementación de estos programas será determinante en el tipo de sanción que reciban los antiguos miembros del secretariado.
