Unos 300 civiles habrían sido obligados por el grupo armado ilegal Frente Jaime Martínez, perteneciente a las disidencias de las Farc, a impedir el avance de una operación militar en zona rural de Jamundí. Así lo reportaron tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.º 13, que realizaban tareas de control territorial cuando se vieron enfrentadas a la inusual y crítica situación.
Las autoridades señalaron que la población, bajo presión de los insurgentes, bloqueó el despliegue táctico, obstaculizando las labores de los soldados en una zona estratégica del suroccidente del país. La operación, que tenía como objetivo desarticular estructuras armadas ilegales, quedó suspendida ante la presencia masiva de civiles que, según fuentes castrenses, actuaban bajo coerción.
Además, fuentes oficiales confirmaron que al menos 150 uniformados, incluyendo suboficiales y oficiales, permanecen retenidos, en lo que podría constituir uno de los mayores secuestros colectivos contra miembros del Ejército en los últimos años.
Esta nueva escalada de tensiones ocurre en medio de una creciente presencia de las disidencias en la región, que se ha convertido en uno de los principales focos de inseguridad en el suroccidente colombiano. Tan solo horas antes, en un sector rural de Buenaventura, fueron hallados nueve cuerpos sin vida, presumiblemente integrantes del mismo grupo armado, en lo que las autoridades creen fue una confrontación interna.
La situación actual en Jamundí no es aislada. Desde marzo de 2024, la Defensoría del Pueblo ha emitido múltiples alertas, advirtiendo sobre el avance de las disidencias y sus acciones violentas contra la población. La alerta temprana 005 fue una de las primeras advertencias sobre riesgos como retenes ilegales, amenazas, reclutamiento forzado y restricciones a la movilidad.
Las comunidades más afectadas por esta crisis humanitaria incluyen a los resguardos indígenas Pueblo Nuevo y Kwes Kiwe Nasa, así como a familias campesinas de Villa Colombia, Ampudia, La Liberia, La Meseta, San Antonio, San Vicente y Puente Vélez. También han sido golpeados el Consejo Comunitario del Bajo Calima y el pueblo Wounaan del Resguardo de Santa Rosa de Guayacán, víctimas de asesinatos, extorsiones y desplazamientos forzados.
Frente a este escenario, el Gobierno ha sido enfático en que no permitirá que las estructuras armadas sigan utilizando a la población como escudo humano ni que interfieran en las labores de la Fuerza Pública.
“No vamos a retroceder. La instrumentalización de civiles es una violación flagrante al Derecho Internacional Humanitario y tomaremos las medidas necesarias para garantizar el control del territorio y la protección de la ciudadanía”, aseguró una fuente del alto mando militar consultada por este medio.
Mientras tanto, las comunidades continúan atrapadas entre el fuego cruzado de las disidencias y las operaciones militares, en una crisis que pone nuevamente en evidencia la fragilidad de la seguridad en varias zonas rurales del país.
