La Fiscalía General de la Nación reveló un entramado de corrupción en el sistema judicial de La Guajira, que permitió el cobro irregular de 1.695 títulos judiciales por más de 678 millones de pesos, mediante maniobras fraudulentas realizadas desde el interior de un juzgado civil de Riohacha.
Los implicados son Kisay Salas Camargo, secretaria de dicho juzgado, y los abogados Elena Katherine Ruíz Acosta y Heden Amenth Pinto Fuentes, quienes fueron judicializados por su presunta participación en esta red delictiva. El ente acusador les imputó delitos como peculado por apropiación agravado, falsedad ideológica en documento público, uso de documento falso, concierto para delinquir, entre otros. Ninguno de los cargos fue aceptado.
Según la investigación, Salas Camargo habría aprovechado su posición y el conocimiento de las credenciales del sistema informático del despacho para autorizar ilegalmente el desembolso de 529 títulos a personas que no eran ni acreedoras, ni ejecutantes ni apoderadas judiciales, sin los requisitos de ley.
Por su parte, los abogados Pinto Fuentes y Ruíz Acosta habrían cobrado fraudulentamente 519 y 1.176 títulos, respectivamente, entre octubre de 2016 y septiembre de 2024.
Como medida cautelar, un juez de control de garantías ordenó prisión en centro carcelario para Salas Camargo y Ruíz Acosta, mientras que Pinto Fuentes deberá permanecer privado de la libertad en su residencia.
Los tres implicados fueron capturados en Riohacha y Bogotá por unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). La Fiscalía continúa con las indagaciones para determinar si hay más funcionarios o particulares involucrados en esta grave afectación a la administración de justicia.
