El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) advirtió que el 2025 podría convertirse en el año con la peor crisis humanitaria en Colombia de la última década, debido al aumento significativo de los enfrentamientos armados entre grupos ilegales y la fuerza pública.
En un reciente informe, el CICR reveló que durante los primeros seis meses del año la situación en las zonas afectadas por el conflicto se agravó notablemente, superando las cifras de violencia y sufrimiento del mismo período en 2024. Esta tendencia, si se mantiene, llevará a que el país cierre el año con un deterioro humanitario sin precedentes.
Entre las principales causas, el organismo internacional señaló el incremento en los combates armados, así como la estigmatización y la utilización forzada de comunidades civiles, quienes son acusadas de favorecer a unos u otros grupos ilegales.
Un dato alarmante es el aumento en víctimas de artefactos explosivos. Entre enero y mayo, 524 personas resultaron heridas o fallecidas, un 145 % más que en 2024, siendo la mayoría civiles, incluidos 56 niños. El departamento del Cauca concentra más de la mitad de estos incidentes, escenario de enfrentamientos entre disidencias de las FARC, ELN y bandas narcotraficantes. El uso de explosivos lanzados de manera improvisada y detonados a control remoto ha sido el principal factor de este aumento.
El conflicto también ha generado un fuerte impacto en la movilidad de las comunidades. Más de 85.000 personas permanecieron confinadas en 13 departamentos durante el primer semestre, lo que representa un aumento del 169 % frente al año anterior. Además, más de 58.000 personas se desplazaron forzosamente en 10 departamentos, un 117 % más que en el mismo lapso de 2024. La región del Catatumbo, en Norte de Santander, ha sido una de las más afectadas por los enfrentamientos recientes.
Finalmente, el CICR reportó 136 casos de desapariciones relacionadas con el conflicto armado, donde casi ocho de cada diez víctimas son civiles.
La Cruz Roja insiste en la urgente necesidad de atender esta crisis, proteger a la población civil y avanzar hacia una solución sostenible que garantice la paz y el respeto a los derechos humanos en Colombia.
