El presidente de la Corte Constitucional enfrenta señalamientos por supuesta “enemistad manifiesta” y por demorar el fallo sobre la Reforma Pensional al solicitar más pruebas sobre el trámite legislativo.
El estudio de la Reforma Pensional sigue paralizado en la Corte Constitucional, luego de que el magistrado ponente y actual presidente del alto tribunal, Jorge Enrique Ibáñez, solicitara a la Cámara de Representantes el envío de 17 pruebas documentales que certifiquen la legalidad del nuevo trámite legislativo con el que se buscó subsanar vicios de procedimiento.
Según Ibáñez, es necesario verificar las condiciones de convocatoria y citación a las sesiones del 27 y 28 de junio de 2025, donde fue discutida y aprobada la reforma. “Con el objeto de garantizar el debido proceso, promover la transparencia en la actuación judicial y asegurar la participación de los diferentes actores en el proceso, se dispondrá el traslado de los elementos probatorios que sean recibidos en cumplimiento de este auto”, expresó el magistrado en un documento oficial.
No obstante, dicha solicitud fue interpretada como una maniobra dilatoria por parte del abogado Javier Ibáñez Romero, quien interpuso una recusación contra el magistrado, alegando que sus acciones carecen de justificación legal y responden a una conducta sistemática de entorpecimiento.
“Estas decisiones del magistrado no obedecen a vacíos jurídicos sustanciales del expediente, sino que denotan una conducta sistemática dilatoria, que retrasa sin fundamento razonable el pronunciamiento de la Corte, aun cuando el Congreso ya subsanó los eventuales vicios advertidos en decisiones previas del alto tribunal”, argumentó el demandante.
A ello se suma la denuncia de una posible “enemistad manifiesta” que, según Ibáñez Romero, podría comprometer la independencia e imparcialidad judicial, advirtiendo que el magistrado ya había presentado una ponencia negativa sobre este mismo tema en una etapa anterior del control constitucional.
Por ahora, la recolección de pruebas avanza con lentitud. La única prueba recibida hasta la fecha proviene de Raúl Enrique Ávila Hernández, subsecretario general de la Cámara, quien remitió las constancias de la representante Katherine Miranda Peña, relacionadas con las sesiones de junio. Aún faltan 16 documentos por llegar a la Corte, lo que sigue atrasando la decisión definitiva.
Este episodio añade un nuevo capítulo a la controversia jurídica y política en torno a una reforma considerada clave para el futuro del sistema pensional colombiano, y pone bajo escrutinio la conducta del presidente del alto tribunal.
Y.A.
