La decisión fue adoptada por la sala de instrucción disciplinaria de la Procuraduría, y también cobija a Alba Liliana León Herrera, gerente de la Imprenta Nacional, y a Elvira de las Mercedes Sanabria Salazar, secretaria general encargada de la Cancillería.
Según el Ministerio Público, el convenio, firmado el pasado 18 de julio a través del Fondo Rotatorio de la Cancillería, podría haber transgredido los principios de planeación y economía que rigen la contratación estatal, al no contar con estudios ni documentos previos que justifiquen adecuadamente la celebración del acuerdo.
Adicionalmente, la Procuraduría advirtió que no se conoce el acto administrativo mediante el cual se delegó en la Secretaría General (e) la competencia para firmar dicho convenio, lo que genera dudas sobre la legalidad del proceso y la delegación de funciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
La Procuraduría considera que las posibles fallas en la planeación del nuevo esquema para el suministro de pasaportes reflejan una omisión al deber de los funcionarios de respetar los principios de la contratación estatal y de la función administrativa.
La investigación busca establecer si hubo extralimitación de funciones, omisiones o decisiones irregulares que puedan comprometer la responsabilidad disciplinaria de los funcionarios involucrados en este proceso clave para la expedición de pasaportes en el país.
