La directora del ICBF, Astrid Cáceres, explicó que el adolescente de 17 años no llegó como testigo protegido ni estaba judicializado, y aseguró que “dio todo lo que sabía” ante la Fiscalía sobre el ataque contra el senador Miguel Uribe Turbay.
La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, rompió el silencio sobre la polémica generada por la presunta fuga de un menor de 17 años que habría tenido información relevante sobre el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido recientemente. En declaraciones otorgadas a un medio de comunicación nacional, Cáceres negó que el adolescente hubiera estado bajo custodia judicial o en calidad de testigo protegido.
“Este joven no ingresó al instituto por estar vinculado a un proceso penal, ni por entregarse a las autoridades”, afirmó la funcionaria. Según explicó, el menor fue clasificado como migrante no acompañado, lo que activó un proceso de restablecimiento de derechos, tal como exige la legislación colombiana.
Cáceres fue enfática al señalar que el adolescente “no llegó como testigo protegido ni con custodia especial”, y que la evaluación sobre su posible papel en el caso le correspondía exclusivamente a la Fiscalía General de la Nación. Esta entidad, tras recibir su testimonio, determinó que no era una pieza clave en la investigación del atentado.
“El adolescente rindió declaraciones en presencia de la Defensoría del Pueblo y la Defensoría de Familia, como lo establece el protocolo legal, y se comprometió a entregar más información si llegara a obtenerla en el futuro”, explicó Cáceres. “Dio todo lo que sabía”, sentenció.
Frente a las críticas surgidas por su presunta fuga, la directora precisó que el joven se encontraba en un Centro de Emergencia del ICBF mientras se adelantaban gestiones para encontrar un familiar responsable. “No estaba judicializado ni detenido, simplemente bajo protección como cualquier menor sin acompañante adulto”, aclaró.
Cáceres advirtió que los mensajes públicos que califican al adolescente como “evadido” o “culpable” podrían haber provocado su huida por miedo, y reiteró que el ICBF cumplió con todos los protocolos legales y administrativos. De haber sido necesaria una custodia judicial, la responsabilidad habría recaído en la Fiscalía.
Recortes presupuestales preocupan al ICBF
En la misma entrevista, la directora del ICBF expresó preocupación por el impacto que tendrá una significativa reducción presupuestal en los programas de la entidad para el año 2026. “Sí, se nos recortó cerca de un billón de pesos”, confirmó Cáceres, advirtiendo que esto comprometería la capacidad de atención a cerca de 1.9 millones de niños en primera infancia.
Además, desmintió la creencia de que el ICBF pertenece al Departamento para la Prosperidad Social, aclarando que hace parte del Ministerio de la Igualdad y la Equidad. Aprovechó para lanzar una crítica al modelo de distribución presupuestal del Estado: “La mayor parte del presupuesto nacional está enfocado en infraestructura vial, dejando poco margen de acción para programas sociales”.
“Nos la jugamos con un presupuesto social, y como país debemos darnos el debate de fondo sobre cómo se financian las políticas para la niñez”, concluyó.
Y.A.
