La Superintendencia de Salud presentó solicitud de nulidad y aclaración ante la Corte Constitucional por la sentencia que anuló la intervención a la EPS Sanitas, alegando omisiones clave sobre su situación financiera.
El Gobierno Nacional busca mantener la intervención a la EPS Sanitas, tras presentar ante la Corte Constitucional una solicitud de nulidad y aclaración sobre el fallo que restituyó el control de la entidad al Grupo Keralty.
La decisión judicial que anuló la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud fue emitida mediante la Sentencia SU-277/25, en la cual el alto tribunal consideró que se vulneró el derecho al debido proceso. En consecuencia, la administración de la EPS fue devuelta a Keralty.
No obstante, el Gobierno insiste en que la sentencia omitió valorar elementos fundamentales. Según argumenta la Superintendencia, la medida de intervención fue tomada a partir de múltiples alertas de la Sala de Seguimiento sobre temas como la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y los presupuestos máximos, aspectos críticos que impactan directamente la viabilidad financiera de las EPS.
“La accionada omitió argumentar, valorar y determinar su conducta considerando si EPS Sanitas se encontraba o no en una imposibilidad fáctica de cumplir con los requisitos de habilitación financiera derivados del impago o del ajuste de la UPC y del no reconocimiento de los Presupuestos Máximos, lo cual tiene repercusión constitucional, directa y esencial, en la medida de intervención», se lee en el fallo.
En consecuencia, el pasado 28 de julio, la Defensa Jurídica de la Superintendencia de Salud, a través de María Camila Ana Fernanda Lozano Martínez y Yaki Hortúa, presentó oficialmente las solicitudes de nulidad y aclaración. Así lo confirmó la Corte:
“De manera formal, se comunica la iniciación de las solicitudes de nulidad y de aclaración contra la Sentencia SU-277/25, presentadas por María Camila Ana Fernanda Lozano Martínez, Subdirectora de Defensa Jurídica de la Superintendencia Nacional de Salud, y por Yaki Hortúa, recibidas en esta Secretaría el 28 de julio de 2025″.
Este nuevo capítulo en la disputa jurídica entre el Gobierno y Keralty por el manejo de una de las EPS más grandes del país plantea un escenario complejo, en el que se conjugan la protección del derecho a la salud, la viabilidad financiera del sistema y la seguridad jurídica.
Y.A.
