La mujer, víctima de violación y aborto forzado en la cárcel El Pedregal, no podrá seguir bajo custodia del INPEC. La decisión busca garantizar su seguridad y evitar revictimización.
La Corte Suprema de Justicia falló a favor de Andrea Esperanza Valdés, una mujer privada de la libertad que fue abusada sexualmente por guardianes del INPEC mientras cumplía su pena en la cárcel El Pedregal en Medellín. A raíz de la violación, quedó embarazada y recibió abortivos sin su consentimiento, lo que motivó una tutela para que su custodia fuera modificada.
En el fallo de segunda instancia, el magistrado Gerson Chaverra determinó que Valdés no debe permanecer bajo vigilancia del INPEC, al considerar que la investigación penal recae precisamente sobre integrantes de esa institución. En consecuencia, ordenó su traslado a un centro de reclusión especial, como los existentes en Facatativá o en la Guarnición Militar de la Estación de Carabineros.
Actualmente, Valdés había sido trasladada a la cárcel El Buen Pastor en Bogotá, pero su seguridad seguía en manos del personal del INPEC. La Corte consideró que esa situación vulnera sus derechos, al mantenerse en contacto con el mismo cuerpo que presuntamente la revictimizó.
“Pues no hay que olvidar que la investigación penal sustento de su petición cursa contra integrantes del INPEC, institución que ejerce la vigilancia en el penal donde está recluida“, resalta la sentencia de la Corte.
La orden fue dirigida al Juzgado Trece de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, que deberá gestionar su traslado inmediato a un recinto donde se le pueda garantizar la protección frente a sus agresores.
Otro caso reciente en cárceles de Medellín
Este hecho se suma al caso de Valentina González, otra interna del pabellón femenino de la misma cárcel El Pedregal, quien denunció haber sido abusada sexualmente el pasado 24 de diciembre de 2024. La joven fue trasladada a Manizales, lo que su familia considera una estrategia para silenciarla y evitar la investigación de los hechos.
“Estamos exigiendo, por favor, que no quede impune esto que está pasando. Lo único que hicieron fue trasladarla para otro lado, lejos de Medellín, simplemente para que no hablara… esas personas no deberían ni tener el uniforme del INPEC ni estar trabajando en esas cárceles”, denunció Mariana González, tía de la víctima.
El defensor de los derechos humanos de la población carcelaria, Carlos Carmona, informó que presentó una acción de tutela para que se reconozca el arraigo familiar de González en Medellín y se ordene su retorno a esta ciudad, bajo condiciones seguras.
Ambos casos reflejan una grave crisis de derechos humanos en los centros penitenciarios, particularmente en lo relacionado con la violencia de género perpetrada por funcionarios del Estado. La decisión de la Corte marca un precedente sobre la responsabilidad institucional y la urgencia de medidas especiales de protección para las reclusas en situaciones de riesgo.
Y.A.
