La Empresa Departamental de Servicios Públicos de La Guajira (Esepgua S.A. E.S.P.) solicitó este martes a la Procuraduría General de la Nación iniciar una investigación disciplinaria contra la alcaldesa de Albania, Nera Robles, por negarse de manera reiterada a suscribir el Plan de Acción Municipal (PAM) que permite ejecutar proyectos de acueducto y saneamiento básico en su municipio.
De acuerdo con Esepgua, la negativa de la mandataria estaría obstaculizando la planificación y el uso adecuado de los recursos públicos destinados a mejorar el acceso al agua potable y los sistemas de saneamiento en esta población guajira.
“La suscripción del Plan de Acción Municipal es un requisito indispensable para estructurar y viabilizar proyectos que garanticen servicios básicos a las comunidades. Su omisión afecta directamente los derechos fundamentales de los habitantes”, señaló la empresa a través de un comunicado oficial.
La entidad explicó que cada municipio debe diligenciar anualmente dicho plan, el cual se articula con el Plan Estratégico de Inversiones (PEI) del departamento. La ausencia de este documento, advirtió Esepgua, impide avanzar legalmente en la ejecución de obras vitales.
Según la queja, pese a múltiples requerimientos oficiales y mesas de trabajo con el equipo técnico, la alcaldesa Robles se ha negado a firmar el plan sin justificación clara, lo que ha generado retrasos significativos en proyectos esenciales para la comunidad.
Ante este panorama, Esepgua solicitó a la Procuraduría no solo iniciar el proceso disciplinario correspondiente, sino también emitir un requerimiento formal a la Alcaldía de Albania para que suscriba de inmediato el documento, con el fin de evitar mayores perjuicios a la población.
Asimismo, pidió que se adopten medidas preventivas o correctivas que garanticen el cumplimiento de las funciones públicas y la protección de los intereses colectivos.
La situación ha generado preocupación en distintos sectores del departamento, ya que la falta de articulación entre las administraciones municipales y los gestores de servicios públicos representa un riesgo para la implementación de políticas fundamentales en zonas vulnerables.
