El abogado Víctor Mosquera, representante legal del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, acudió este miércoles a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar medidas cautelares a favor del partido Centro Democrático, en medio de preocupaciones por la seguridad de sus miembros y la presunta injerencia del Gobierno en investigaciones clave.
La petición surge tras el atentado sufrido por Uribe Turbay el pasado 7 de junio en Bogotá, cuando recibió varios disparos durante un acto de campaña. El senador continúa hospitalizado en estado crítico, mientras las autoridades adelantan procesos judiciales contra seis presuntos implicados en el ataque.
Durante una declaración ante medios internacionales, Mosquera afirmó que la solicitud busca proteger los derechos políticos del partido en el contexto de las elecciones presidenciales de 2026. Además, expresó su preocupación por lo que calificó como una «interferencia del Gobierno nacional» en las investigaciones, señalando directamente a altos funcionarios, incluido el presidente Gustavo Petro, por emitir discursos que —según él— estigmatizan a la oposición y obstaculizan el proceso judicial.
“Solicitamos que la CIDH adopte medidas colectivas urgentes en favor del Centro Democrático, no solo por el atentado contra Miguel Uribe, sino por el clima generalizado de persecución y riesgo que enfrentan sus líderes”, indicó Mosquera.
El abogado también responsabilizó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) por no haber incrementado el esquema de seguridad del senador, a pesar de que Uribe había solicitado refuerzos desde el año pasado tras alertar sobre amenazas. Según Mosquera, las autoridades mantuvieron un esquema básico, sin tomar en cuenta su condición de precandidato presidencial.
La defensa pidió además que el ataque sea tipificado como un acto de terrorismo, y que la CIDH exhorte al Estado colombiano a cumplir con sus obligaciones de protección y garantías democráticas.
Adicionalmente, Mosquera adelantó que sostendrá reuniones con funcionarios del Departamento de Estado y del Departamento de Justicia de Estados Unidos para exponer la situación y buscar apoyo internacional.
Entre los judicializados por el atentado figura Elder José Arteaga Hernández, alias ‘el Costeño’, señalado como presunto coordinador del ataque, y el joven que habría disparado contra el senador durante el evento.
La petición de Mosquera ante la CIDH podría marcar un nuevo capítulo en el debate sobre la protección de líderes políticos en Colombia, en un contexto preelectoral que ha generado tensiones entre el Gobierno y sectores de la oposición.
