El magistrado Carlos Andrés Pérez Alarcón alerta que la Unidad para las Víctimas estaría vendiendo tierras sin sentencia definitiva de extinción de dominio a la Agencia Nacional de Tierras, lo que podría poner en riesgo la reparación a las víctimas.
Una decisión judicial clave se avecina en el Tribunal Superior de Barranquilla, donde se analiza la legalidad de la venta de tierras sin sentencia firme de extinción de dominio por parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (URV) a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), con el propósito de ser entregadas al campesinado en cumplimiento de las metas del Gobierno Nacional.
El tema fue expuesto por el magistrado Carlos Andrés Pérez Alarcón, de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, durante el conversatorio “Justicia y Paz: 20 años, un sistema tejido por sus jueces”, donde alertó sobre una acción judicial en curso contra el artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo.
Si bien la Corte Constitucional ya declaró inexequible parte de ese artículo, no prohibió expresamente que la ANT adquiera predios de la URV. No obstante, el magistrado advirtió que algunos de estos bienes no cuentan con una decisión definitiva de extinción de dominio, lo cual genera un debate jurídico y ético.
“Los está vendiendo a la ANT a efectos de la entrega para los campesinos, lo que es valioso, pero genera una discusión sobre si es compatible con la reparación a las víctimas”, explicó el magistrado Pérez Alarcón, subrayando que el proceso está en análisis.
También hizo un llamado a los entes de control, al Sistema de Justicia y Paz, y al Consejo Superior de la Judicatura para que hagan seguimiento detallado al tema, advirtiendo que podría traer “una dificultad a futuro mayor a la que estamos viviendo en administración de bienes”.
El debate se enmarca en un contexto donde el gobierno, a través de la ANT, reporta avances significativos en la formalización de tierras: en mayo de este año anunció haber formalizado 1.5 millones de hectáreas, gestionado otras 569.000 y recuperado 181.027 hectáreas, de las cuales 13.332 han sido entregadas a título gratuito mediante la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
A pesar del avance en cifras, el conflicto jurídico alrededor de la procedencia de estos bienes y su compatibilidad con el derecho a la reparación de las víctimas del conflicto armado plantea interrogantes fundamentales sobre el modelo de redistribución de tierras que impulsa el actual gobierno.
Y.A.
