Casi 20 años después del horror, la justicia empieza a rendir cuentas por uno de los episodios más brutales del conflicto armado colombiano. Luis Alberto Ortega Durango, conocido con el alias de Satanás, fue acusado formalmente por la Fiscalía General de la Nación como presunto responsable de dos masacres que marcaron a fuego la memoria del país.
Los hechos ocurrieron el 24 de febrero de 2005. Aquella mañana, hombres armados ingresaron a San José de Apartadó (Antioquia) y asesinaron a dos adultos y un niño de apenas 11 años. Pero la barbarie no terminó ahí. Horas más tarde, el grupo se desplazó a la vereda La Resbalosa, en Tierra Alta (Córdoba), donde ejecutaron a sangre fría a una familia entera: padre, madre y sus dos pequeños hijos de 2 y 5 años. Además, mataron a un campesino, al parecer, confundido con un colaborador de una organización armada rival.
La Fiscalía, a través de su Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, formalizó el llamado a juicio de Ortega Durango y ratificó la medida de aseguramiento intramural que lo mantiene en prisión. Se le acusa por concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida, delitos cometidos cuando, según las investigaciones, integraba el bloque Héroes de Tolová de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Alias Satanás fue capturado el 3 de diciembre de 2024 en Arauca, y desde entonces permanece privado de la libertad. La indagatoria fue realizada dos días después de su detención, y el 12 de diciembre se oficializó su reclusión en centro carcelario. El proceso judicial avanza bajo los lineamientos de la Ley 600 de 2000, correspondiente al anterior sistema penal colombiano.
Este juicio no solo pone en el banquillo a un presunto perpetrador. También representa un paso más en el largo y doloroso camino hacia la verdad, la justicia y la reparación para cientos de víctimas de un conflicto que aún deja heridas abiertas.
