En La Guajira, la adjudicación directa de más de $5.897 millones al cuestionado Fondo Mixto Sierra Nevada para un proyecto tecnológico en Barrancas reaviva sospechas sobre el uso político de los recursos de regalías.
Un contrato por más de $5.897 millones de pesos aprobado por la Alcaldía de Barrancas, en el sur de La Guajira, ha generado fuertes cuestionamientos por la elección del Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social Sierra Nevada como ejecutor del proyecto. El decreto 0036 del 18 de junio, firmado por el alcalde Vicente Berardinelli Carrillo, autoriza el uso de recursos del Sistema General de Regalías para el desarrollo del programa “Fortalecimiento del sistema de gestión documental mediante la implementación de tecnologías de la información y las comunicaciones”.
Lo que inicialmente parecería un avance en materia tecnológica para el municipio ha sido recibido con escepticismo por los antecedentes del Fondo Mixto Sierra Nevada, entidad que ya ha manejado contratos por sumas millonarias en la región, incluyendo uno anterior en Barrancas por más de $96.000 millones. La preocupación aumenta por los presuntos vínculos de este fondo con una familia política poderosa del departamento del Cesar, específicamente del municipio de La Paz, y por investigaciones en curso sobre posibles irregularidades en la contratación pública.
El alcalde Berardinelli, quien forma parte del mismo grupo político de la excongresista María Cristina Soto, madre del actual representante a la Cámara Juan Loreto Gómez, ambos bajo el escrutinio judicial por presunto manejo indebido de recursos, también es primo del exalcalde Iván Mauricio Soto. Esta red política ha generado sospechas sobre el trasfondo de la contratación con el fondo mencionado.
La controversia se intensifica con una fotografía ampliamente divulgada en redes y medios, en la que aparece Berardinelli junto a Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), durante un viaje en helicóptero por La Guajira. En ese momento se anunciaron obras que hasta hoy no se han materializado. La imagen se ha convertido en un símbolo del abandono institucional y de las promesas incumplidas a las comunidades más vulnerables del departamento.
El nuevo contrato, en lugar de generar entusiasmo, ha encendido alertas sobre el manejo de los recursos públicos y la consolidación de redes políticas alrededor de proyectos financiados con dineros de la nación. La ciudadanía y los entes de control ahora tienen la mirada puesta sobre la ejecución del millonario proyecto TIC, en un municipio donde el acceso a lo digital sigue siendo una promesa lejana.
Y.A.
