Grabaciones clandestinas, interceptaciones controversiales y testimonios de alto voltaje son piezas clave del juicio que enfrenta el expresidente por soborno y fraude procesal. La defensa denuncia una estrategia de persecución judicial.
El proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez ha dado un nuevo giro con la presentación de pruebas que no solo alimentan el debate jurídico, sino que reavivan la polarización política en el país. En el juicio oral que enfrenta por los delitos de soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal, la Fiscalía ha expuesto elementos que, para unos, son la demostración de una presunta estrategia para manipular testigos, y para otros, pruebas viciadas que sustentan una persecución política.
Una de las piezas más discutidas del expediente es un reloj espía, adquirido por Deyanira Gómez, exesposa del condenado paramilitar Juan Guillermo Monsalve, con el propósito de registrar de forma clandestina una conversación dentro de la cárcel La Picota. Según la fiscal del caso, Marlene Orjuela, esta grabación demostraría que el abogado Diego Cadena, en nombre de Uribe, habría ofrecido beneficios a Monsalve a cambio de cambiar su testimonio.
“Juan (Monsalve) me informa exactamente el día 21 de febrero. Me llama y me dice: ‘Deyanira, hay una situación bastante importante que necesito registrar para que tenga fundamento para mí, como ‘preso’”, relató Gómez durante el juicio. La compra del reloj, realizada a través de una tienda en línea de artículos espía, fue una decisión calculada: debía ser un objeto discreto que pudiera ingresar fácilmente al penal. Así, el dispositivo terminó en manos de Monsalve gracias al abogado Héctor Romero, quien supuestamente cobró entre $500.000 y $1.000.000 por facilitar el ingreso.
Pero esta no es la única prueba bajo el microscopio. Las interceptaciones telefónicas realizadas por el CTI en 2018 también han sido foco de polémica. Estas grabaciones, inicialmente dirigidas al entonces senador Nilton Córdoba, terminaron captando, por error, conversaciones del expresidente Uribe y su abogado Cadena. A pesar de los cuestionamientos por su legalidad, la Corte Suprema de Justicia las validó como prueba.
En los audios revelados se escucha a Uribe refiriéndose directamente a Monsalve: “Que él está muy aburrido porque él mintió, que quiere desmontar eso, que además le prometieron un poco de beneficios”. En otra llamada, se refiere al caso del exparamilitar alias «Tuso Sierra»: “Piedad Córdoba y Cepeda le ofrecieron beneficios que cuando saliera de la cárcel de Estados Unidos lo mandaban a Suiza si me acusaba a mí”.
Estas frases, según la Fiscalía, revelan una supuesta intención de controlar o influenciar testimonios, algo que Uribe y su equipo jurídico niegan rotundamente. Para la defensa, estas pruebas reflejan más una maniobra política que un caso penal sólido. “Las interceptaciones fueron ilegales y los audios están sacados de contexto”, han sostenido en múltiples ocasiones.
El proceso judicial contra el líder del Centro Democrático no solo pone a prueba a las instituciones judiciales del país, sino que también pone en evidencia las grietas de una sociedad dividida entre quienes ven en Uribe al responsable de prácticas cuestionables y quienes lo consideran un perseguido por haber enfrentado con dureza a la insurgencia y al crimen.
Mientras avanza el juicio, el país observa con atención si este complejo entramado de grabaciones, testimonios y dispositivos espía servirá para lograr una condena histórica o si terminará reforzando la narrativa de una justicia politizada.
Y.A.
