Mientras las autoridades siguen ocupadas en discursos y selfies, las comunidades rurales de Tarazá y Valdivia (Antioquia) viven una tragedia silenciosa: confinamientos, desplazamientos y amenazas constantes por cuenta de grupos armados ilegales.
Desde mayo, veredas como Doradas Altas, Doradas Bajas, Cumbres de Purí, Nerí y Quebraditas enfrentan un confinamiento forzado, sin garantías ni atención real del Estado. Los llamados “corredores humanitarios” apenas si son paños de agua tibia frente al terror cotidiano que soportan niños, mujeres y adultos mayores que no pueden salir ni cultivar.
En Valdivia, la situación no pinta mejor. La explosión de un artefacto dejó sin acueducto a los habitantes de Raudal Viejo y amenaza con sembrar minas antipersona en la zona. Ya se teme el desplazamiento masivo de familias campesinas de las veredas La Llana y La Coposa.
Y mientras tanto, ¿dónde están las instituciones? Ni rastro del Comité de Justicia Transicional, ni una declaración del Defensor del Pueblo Subregional, Onaldo Córdoba Coronado, quien parece haber desaparecido del mapa justo cuando más se necesita.
Las comunidades exigen lo mínimo: atención humanitaria urgente, seguridad y presencia real del Estado. Porque cuando el Estado se ausenta, el miedo manda.
