El objetivo de esta inspección es verificar las condiciones sanitarias de la sede de Medicina Legal, evaluar el cumplimiento de los protocolos establecidos para el manejo de cadáveres y constatar que los procedimientos se desarrollen con el respeto y la dignidad que merecen los fallecidos y sus familias.
En respuesta a las quejas de la ciudadanía por la presencia de malos olores en las inmediaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, sede Barranquilla, la Alcaldía Distrital, a través de la Secretaría de Salud, llevó a cabo una visita de inspección, vigilancia y control sanitario.
La diligencia fue acompañada por delegados de la Procuraduría Regional del Atlántico y la Personería Distrital, con el objetivo de verificar las condiciones sanitarias del lugar y evaluar el cumplimiento de los protocolos establecidos para el manejo digno y adecuado de los cuerpos, conforme a la normativa nacional.
Según explicó el secretario distrital de Salud (e), Carlos Cervantes Sanjuan, la visita permitió evidenciar la presencia de tres cadáveres en los cuartos fríos de la sede, además de iniciar la revisión de otros aspectos técnicos como la operación de temperaturas, condiciones de las salas de exposición y el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.
“En una primera visita hicimos unas observaciones y estamos estableciendo un plan de mejoramiento en algunas áreas que el Instituto de Medicina Legal debe cumplir. No hemos finalizado las labores de inspección y vigilancia, es un proceso demorado porque son varios los aspectos técnicos y operativos que se deben revisar. La comisión que hemos designado continuará evaluando durante esta semana”, afirmó Cervantes.
La Secretaría recordó que, de acuerdo con la Ley 9 de 1979, está facultada para ejercer control sobre factores de riesgo en salud pública, incluidos los relacionados con el manejo, traslado y disposición final de cadáveres, velando por el cumplimiento de normas de higiene, bioseguridad y prevención de riesgos biológicos.
Finalmente, Cervantes subrayó que el tratamiento adecuado de los cuerpos no solo es un imperativo legal, sino una prioridad de salud pública y un acto esencial para salvaguardar la dignidad de los fallecidos y sus familias.
