El presidente Gustavo Petro calificó como un “desafío a su Gobierno” la salida de un barco con carbón rumbo a Israel y ordenó a la Armada Nacional frenar estos envíos. La Cámara de Comercio Colombo Americana advierte que se vulneran compromisos internacionales.
Una nueva controversia diplomática y comercial se desató este 25 de julio luego de que el presidente Gustavo Petro ordenara a la Armada Nacional frenar toda embarcación que se dirija a Israel con carbón colombiano, reactivando así la tensión entre decisiones presidenciales y compromisos internacionales.
El mandatario reaccionó en su cuenta de X tras conocerse la salida del buque Fortune, con matrícula 9737838 y bandera de Malta, el cual habría zarpado a las 7:47 a.m. del 24 de julio desde Puerto Nuevo en Ciénaga, Magdalena, rumbo al puerto de Hadera (Israel). La medida del jefe de Estado revive la prohibición anunciada en agosto de 2024 de exportar este mineral al país de Medio Oriente.
“Volvieron a sacar un buque hoy lleno de carbón con destino a Israel. Un desafío a mi Gobierno. Le pido al ministro de Trabajo reunión urgente con los sindicatos del carbón”, expresó Petro, quien también solicitó un informe sobre las sentencias de la Corte Constitucional relativas a la explotación del carbón y los derechos de las comunidades indígenas.
El mandatario enfatizó que “no sale una tonelada de carbón para Israel”, asumiendo su responsabilidad como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. “No somos cómplices de genocidio”, añadió, acusando incluso al exministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, de ser “cómplice de genocidio” por permitir la salida de estas exportaciones.
“Mientras estén tirando bombas contra gente inocente, Colombia no es solidaria. Se nos llenaría el alma de energía negra”, concluyó el jefe de Estado.
La decisión generó una inmediata reacción por parte de la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana, María Claudia Lacouture, quien señaló que se trata de una vulneración al marco constitucional y los tratados internacionales.
“Ordenar la detención de un buque cuyo cargamento está amparado por un decreto es un pésimo antecedente y una aberración”, afirmó. A su juicio, “las reglas existen: el poder presidencial está limitado por la Constitución, la Ley 7 de 1991 y los acuerdos comerciales suscritos por Colombia”.
Además, advirtió que según las normas de la OMC, las restricciones al comercio solo se permiten bajo contextos excepcionales como seguridad nacional, salud pública o sanciones de organismos multilaterales, condiciones que no se cumplen en este caso.
Esta nueva directriz presidencial pone sobre la mesa un choque entre los principios de la política exterior del Gobierno Petro y las obligaciones jurídicas y comerciales que rigen al Estado colombiano.
Y.A.
