Gustavo Bolívar acusa a la Corte Constitucional de dilatar la reforma pensional por “activismo judicial”

Gustavo Bolívar.

El exsenador y precandidato presidencial Gustavo Bolívar arremetió contra el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar tras un nuevo decreto de pruebas que aplazaría el examen de constitucionalidad de la Ley 2381 de 2024, impulsada por el Gobierno Petro.

Una nueva polémica sacude el debate sobre la reforma pensional del Gobierno Petro. Este jueves, el precandidato presidencial y exdirector del DPS, Gustavo Bolívar, cuestionó duramente a la Corte Constitucional, tras conocer el contenido del auto proferido por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, relacionado con el estudio de constitucionalidad de la Ley 2381 de 2024, por medio de la cual se establece el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común.

Bolívar manifestó a través de su cuenta de X:

“Esto sí es puro ACTIVISMO JUDICIAL. El magistrado Ibáñez, para seguir dilatando la entrada en vigencia de la Reforma Pensional, demanda por Paloma Valencia, ordena a última hora, otras 17 pruebas, antes de iniciar el examen constitucional de la Reforma”.

El auto, que se encuentra bajo el expediente D-15.989, responde a la demanda de inconstitucionalidad presentada por la senadora Paloma Susana Valencia Laserna, quien considera que varios artículos de la norma vulneran lo establecido en el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia.

El magistrado sustanciador ordenó oficiar a la Presidencia de la República y a la Cámara de Representantes para que, en un plazo de 10 días, remitan documentos, certificados y actas sobre las sesiones del 27 y 28 de junio de 2025, además de constancias sobre quórum, votaciones y análisis de impacto fiscal del proyecto de ley.

Bolívar no dudó en interpretar esta acción judicial como una maniobra con motivaciones políticas:

“No me cabe duda que estas miserables jugadas, que atentan contra la seguridad alimentaria de millones de viejitos en extrema pobreza, tienen un cálculo electoral”.

La Ley 2381 de 2024, una de las banderas sociales del gobierno del presidente Gustavo Petro, establece un sistema integral que busca garantizar ingresos mínimos para adultos mayores sin pensión, lo que ha generado tanto respaldo como oposición desde su trámite en el Congreso.

Ahora, con este nuevo episodio judicial, se reabre el debate sobre el activismo en la justicia constitucional y su posible impacto en la agenda legislativa del actual gobierno.

Y.A.