Con el objetivo de aliviar el peso económico que representan las facturas de energía para millones de colombianos, el Ministerio de Minas y Energía anunció que presentará el próximo 11 de agosto ante el Congreso un proyecto de ley orientado a lograr una reducción estructural en las tarifas del servicio eléctrico.
El anuncio fue hecho por el ministro Edwin Palma durante el Foro de Reducción de Tarifas, donde manifestó que la propuesta busca transformar el modelo actual, optimizando la estructura de costos, promoviendo el uso eficiente de la energía y aumentando la transparencia en la forma en que se establecen los precios.
“Los colombianos están cansados de recibir facturas impagables. Este proyecto es una respuesta directa a ese clamor ciudadano y tiene como prioridad la equidad en el acceso al servicio”, afirmó Palma.
Durante el evento, también se reveló una situación que encendió las alarmas: el presidente del Grupo Energía de Bogotá, Juan Ricardo Ortega, denunció que en algunos hogares de estrato 1 —especialmente en zonas como Riohacha y Santa Marta— se han detectado consumos eléctricos inusualmente altos, que superan los 2.500 kilovatios hora.
Según Ortega, estas cifras podrían estar relacionadas con actividades ilícitas, como la producción de drogas sintéticas en viviendas subsidiadas. “Estamos subsidiando, sin saberlo, el funcionamiento de organizaciones criminales que aprovechan su cercanía a los puertos para contaminar cargamentos con droga”, aseguró.
Además, el ministro Palma aprovechó el espacio para referirse nuevamente a la intención del gobierno colombiano de adquirir la empresa Monómeros, actualmente en manos extranjeras. Señaló que existe una voluntad política entre los gobiernos involucrados para que la compañía pase a manos del Estado, lo que permitiría evitar la manipulación de precios en insumos clave como los fertilizantes.
“Queremos que Monómeros sirva al desarrollo del campo colombiano y no a intereses privados que encarecen los alimentos”, puntualizó el funcionario.
La radicación del proyecto de ley marcará un nuevo paso en la política energética del actual gobierno, que busca frenar el aumento tarifario y garantizar un servicio más justo y accesible para todos los colombianos.
