La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 15 años a Ayllen Cristhie Vásquez Cruz, quien para la época de los hechos se desempeñaba como representante legal de la empresa interventora del convenio cacaotero suscrito en el departamento del Guaviare, por su responsabilidad en graves omisiones en el ejercicio de la interventoría, que derivaron en un daño patrimonial al Estado.
Asimismo, se le impuso una multa superior a $1.280 millones, equivalente al doble del valor pagado por el contrato de interventoría.
La sancionada omitió informar oportuna y adecuadamente a la entidad contratante el estado real de ejecución del convenio objeto de vigilancia, así como, requerir el cumplimiento del cronograma de ejecución, y no se pronunció frente a la no adecuación, ni operación efectiva de la planta de beneficio de Cacao, prevista en el convenio; además avaló reprogramaciones y modificaciones sustanciales sin justificación técnica, validó avances sin soportes que acreditaran la ejecución efectiva de las actividades pactadas y autorizó desembolsos en favor del operador sin los debidos controles.
Su actuación generó un impacto negativo en la confianza ciudadana en la gestión pública, así como en la eficacia del uso de los recursos del Sistema General de Regalías, destinados a fortalecer y fomentar la innovación empresarial de las famiempresas cacaoteras del departamento del Guaviare.
La Procuraduría calificó su conducta como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima. Contra esta decisión procede recurso de apelación ante la Procuraduría Delegada de Juzgamiento.
