El ministro del Interior, Armando Benedetti, aclaró que la polémica ley que limita la divulgación de encuestas antes de elecciones no es una iniciativa del Gobierno, sino del Congreso. Cauca, transparencia y equidad electoral están en el centro del debate.
La reciente sanción de la ley que regula la elaboración y publicación de encuestas políticas en Colombia ha desatado un intenso debate en el panorama nacional. Ante las crecientes críticas, el ministro del Interior, Armando Benedetti, salió al paso para aclarar que la iniciativa no proviene del Gobierno Nacional, sino de un grupo pluripartidista del Congreso.
“La ley de las encuestas, que no es del Gobierno sino del Congreso de la República, de carácter pluripartidista, busca que estas empresas estén registradas en el Consejo Nacional Electoral, que exista trazabilidad sobre a quiénes se les encuestó y que, además, se establezcan tiempos para la publicación de los resultados”, explicó Benedetti, señalando que el objetivo es frenar el desorden regional y la parcialidad de muchas firmas encuestadoras.
? Nueva Ley de Encuestas by LIBERTAD DIARIO
El ministro también fue enfático al rechazar las acusaciones de que se trata de una herramienta de censura. “No es ninguna mordaza. Al revés, para que no se vayan prefabricando los candidatos, ni se vaya buscando orientar a la opinión a ciertos nombres. Que los aspirantes hagan campaña con propuestas y territorio, no con encuestas”, sostuvo.
La normativa, promovida por las senadoras Paloma Valencia, Clara López y Angélica Lozano, y con ponencia del representante Juan Sebastián Gómez, ha sido defendida por sus autores como un avance para la transparencia electoral. “Gana la democracia, gana la estadística”, celebró la senadora López al confirmar la aprobación de la ley.
Sin embargo, las restricciones sobre los tiempos para publicar encuestas de intención de voto —las cuales solo se podrán divulgar hasta el 31 de octubre de 2025 para las elecciones de 2026— han generado preocupación en sectores académicos y políticos. Estas limitaciones, según algunos expertos, podrían reducir la calidad del debate público y el seguimiento de la opinión ciudadana.
A pesar de ello, López insistió en que la ley no limita la medición de opinión en general. “La restricción aplica exclusivamente para la intención de voto. Las encuestas sobre imagen, favorabilidad o gestión se pueden divulgar en cualquier momento”, aclaró.
Para la congresista del Pacto Histórico, esta regulación busca alinear las encuestas con el calendario electoral oficial: “Se garantiza que la intención de voto se mida cuando ya haya mayor claridad sobre los posibles candidatos, se evita la instrumentalización prematura de las encuestas y se protege la equidad entre aspirantes”.
El debate continúa y pone sobre la mesa la necesidad de mejorar la calidad de las herramientas estadísticas en la política colombiana, al tiempo que plantea interrogantes sobre los límites entre regulación y libertad de información.
Y.A.
