En una reunión con la Procuraduría, la directora seccional de Medicina Legal Norte responsabilizó a la Policía Judicial por demoras en el traslado de cuerpos y defendió el funcionamiento de la morgue tras las quejas por olores fétidos en la sede.
La morgue de Medicina Legal, sede Norte, fue el epicentro de una nueva controversia sanitaria esta semana, luego de múltiples denuncias de familiares de fallecidos por los fuertes olores y el presunto mal manejo de cuerpos. Tras ser citada por la Procuraduría General de la Nación, la directora seccional Marjorie Yaneth Cervantes Herrera asistió este jueves a una mesa de trabajo en la sede del Ministerio Público, para responder por la crítica situación.
Durante la reunión, la funcionaria informó que se había implementado un plan de contingencia que permitió, la noche del miércoles, la entrega de cadáveres que se encontraban represados. Aseguró que al momento del encuentro solo quedaban tres cuerpos, ingresados recientemente.
Pero más allá del balance técnico, la explicación reveló tensiones interinstitucionales. Cervantes apuntó directamente a la Policía Judicial (Sijín y CTI), a quienes responsabilizó por las demoras en el traslado de cuerpos a la morgue. Según afirmó, los cadáveres estarían llegando hasta 18 horas después de realizado el informe de levantamiento, lo que dificulta su conservación, especialmente si se transportan en las llamadas “paleteras”, sin condiciones sanitarias adecuadas.
En defensa de su institución, Cervantes recalcó que el cuarto frío de la sede no está dañado y cuenta con dos máquinas de refrigeración, además de plantas de energía de respaldo. Sin embargo, reconoció que hay dificultades con cuerpos no identificados y de migrantes venezolanos, que requieren coordinación con el órgano de control del vecino país para verificar huellas dactilares.
También reveló un incremento de necropsias en la región: de 1.600 procedimientos entre 2022 y 2023, pasaron a 1.750 en 2024, y ya suman 968 en lo que va de 2025, lo que sugiere una creciente carga operativa para una entidad que, según la funcionaria, trabaja 24 horas.
El informe presentado por Cervantes será corroborado en la sede del Instituto de Medicina Legal la tarde de este jueves. A la reunión asistieron también Erika Vargas Sánchez, directora regional norte de Medicina Legal, Carlos Cervantes de la Secretaría de Salud, Wilson Llanos Ballestas de la Personería y funcionarios de Salud Pública.
Aunque el reporte técnico busca transmitir control, las denuncias ciudadanas dejan en evidencia un sistema desbordado, con vacíos en la coordinación institucional y posibles vulneraciones a la dignidad de los fallecidos y sus familias. La Procuraduría tiene ahora la tarea de esclarecer si los procedimientos están alineados con los estándares forenses y sanitarios que exige la ley.
Y.A.
