En un fallo sin precedentes, el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Antioquia condenó a siete exdirectivos de la empresa Banadex, filial de la multinacional Chiquita Brands, a 11 años y 3 meses de prisión por haber financiado grupos paramilitares en Colombia. La decisión judicial también impuso una multa de 13.879 millones de pesos.
Los ejecutivos fueron hallados culpables del delito de concierto para delinquir agravado, tras comprobarse que entre 1997 y 2004 autorizaron más de cien pagos a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo armado ilegal responsable de múltiples masacres, desplazamientos forzados y asesinatos en la región del Urabá y la zona bananera del norte del país.
La alianza entre empresa y guerra
De acuerdo con el fallo, la compañía utilizó legalmente la figura de las «Convivir» —cooperativas de seguridad ciudadana— como mecanismo para canalizar recursos hacia el Bloque Bananero de las AUC. Esta relación se consolidó a través de Raúl Hasbún, alias “Pedro Bonito”, cabecilla paramilitar y principal enlace entre la empresa y el grupo armado.
“El conocimiento y aprobación de estos pagos fue compartido entre todos los niveles de dirección de la compañía en Colombia y en la casa matriz en Estados Unidos”, detalla la sentencia. Las operaciones logísticas, contables y de seguridad sirvieron para ocultar la financiación sistemática del grupo armado, en un modelo empresarial que antepuso el beneficio económico sobre la vida de miles de personas.
Estados Unidos ya los había condenado
Este caso se suma a la sentencia emitida en 2024 por un jurado de Florida, que ordenó a Chiquita Brands pagar 38,3 millones de dólares en compensación a víctimas del paramilitarismo. En ese juicio se determinó que la empresa no actuó bajo amenaza, sino por conveniencia, calificando sus acciones como una conducta “peligrosamente imprudente”.
Los condenados
Entre los sentenciados se encuentran Charles Dennis Keiser, exgerente general de Banadex; Reinaldo Elías Escobar de la Hoz, exabogado y miembro de la junta directiva; Víctor Julio Buitrago Sandoval, exjefe de seguridad; John Paul Olivo y Fuad Giacoman Hasbún, ambos excontralores; y los exgerentes generales Álvaro Acevedo González y José Luis Valverde Ramírez.
Aunque la defensa anunció que apelará el fallo, esta sentencia marca un antes y un después en la lucha contra la impunidad empresarial.
¿Justicia o símbolo?
La decisión judicial ha sido recibida con opiniones divididas. Mientras organizaciones sociales celebran el fallo como un paso hacia la justicia, analistas y defensores de derechos humanos advierten que aún falta investigar a políticos, militares y otros empresarios nacionales que también se beneficiaron del conflicto.
“La estructura del paramilitarismo fue posible gracias a alianzas público-privadas que operaron con plena conciencia del daño causado. No se trató de un error, sino de un modelo sistemático de guerra financiado por el capital”, advirtió un vocero de la ONG Justicia para el Urabá.
La sociedad civil, clave para el cambio
Para diversos sectores, esta condena refleja que la rendición de cuentas es posible cuando la ciudadanía exige verdad y justicia de forma persistente. Voces académicas y sociales coinciden en que no basta con castigar a unos pocos responsables: se requiere una transformación estructural que garantice la no repetición.
“La verdadera justicia no solo mira el pasado, sino que construye el país que le dejaremos a las próximas generaciones”, concluyó la analista política Andrea Vargas.
