La nueva propuesta del Congreso estadounidense elimina recursos clave para iniciativas sociales, ambientales y de reconciliación, en un giro que privilegia la seguridad nacional y excluye el desarrollo humano.
Una drástica reducción del 45% en los fondos que Estados Unidos destina a Colombia podría poner en jaque buena parte de los programas de desarrollo, paz y derechos humanos que han sido financiados históricamente por la cooperación internacional. Así lo establece el nuevo proyecto de ley presupuestaria para 2026, que avanza en el Congreso de EE.UU., impulsado por el Comité de Asignaciones.
La propuesta contempla la desaparición de los programas de Asistencia para el Desarrollo (DA) y del Fondo de Apoyo Económico (ESF), pilares que han respaldado iniciativas clave como Jóvenes Resilientes, la reintegración de excombatientes, la conservación de la Amazonía, y proyectos en favor de los derechos humanos.
Uno de los factores determinantes en esta reducción es el desmantelamiento de USAID en Colombia, agencia que durante años canalizó los recursos para el fortalecimiento social y económico del país. En su lugar, los fondos serían redirigidos bajo un nuevo enfoque denominado “Programas de Inversión en Seguridad Nacional”, con un presupuesto de poco más de 67 millones de dólares, lo que representa un recorte del 67% frente a los 206 millones asignados en 2025.
Este viraje estratégico significa que proyectos enfocados en empoderamiento comunitario, sustitución de cultivos, resiliencia juvenil y atención a emergencias humanitarias, como los canalizados a través del fondo de Crisis y Asistencia para Desastres, quedarían sin respaldo económico o serían severamente reducidos.
También preocupa la exclusión de fondos para comunidades indígenas y afrocolombianas, especialmente en regiones vulnerables como Chocó, Cauca y Nariño, así como la falta de asignación para iniciativas en favor de los grupos LGTBI o de acción climática, que, según las prioridades del expresidente Donald Trump, no forman parte de su agenda de gobierno.
Aunque la ley aún debe ser votada en Cámara y Senado y posteriormente sancionada por el presidente, de aprobarse, sus efectos podrían sentirse dentro de 1 a 6 años, dado el ciclo de desembolso que maneja la cooperación estadounidense.
Por ahora, la incertidumbre se cierne sobre el futuro de estos programas. Si bien algunos podrían ser retomados por el Departamento de Estado, dependerá de que se alineen con los intereses de seguridad nacional definidos por la administración republicana. Lo que sí es claro es el mensaje político que envía esta propuesta: una desautorización tácita a las políticas sociales del presidente Gustavo Petro, particularmente en su enfoque sobre la lucha contra las drogas.
Y.A.
