La confrontación política en el Magdalena entre la Asamblea Departamental y el gobierno de Fuerza Ciudadana ha pasado de los discursos al terreno más sensible: la ejecución de obras sociales que benefician a comunidades vulnerables.
Contratistas de varios proyectos financiados por la Gobernación han alzado su voz para denunciar que, por decisiones de un grupo de diputados opositores, los pagos por obras ejecutadas están congelados, y con ello, también el desarrollo de los proyectos.
Los testimonios de contratistas evidencian una situación alarmante: proyectos con más del 90% de avance están en riesgo de quedar inconclusos debido a que los recursos necesarios para culminarlos se encuentran represados en la Asamblea del Magdalena, sin aprobación por parte de un grupo de diputados al que varios actores sociales y políticos ya denominan como los “diputados del MAL”.
“Las obras están hechas, pero no nos pagan”
Uno de los contratistas del programa ‘Mi Calle’, que se ejecuta en los barrios Galicia, Pantano, Salvador Pantano, El Bosque, El Refugio, El Reposo y Villa Franca, señaló que las obras presentan un 96% de avance, pero la Gobernación no ha podido pagar por los trabajos realizados debido a la no aprobación del superávit presupuestal por parte de la Asamblea.
“Actualmente estamos desarrollando el programa Mi Calle en varios barrios populares. Tenemos un 96% de avance, pero no ha sido posible el pago porque los recursos están congelados en la Asamblea del Magdalena. No se ha aprobado el tema del superávit”, expresó el contratista.
Un patrón que se repite: obras bloqueadas deliberadamente
Otro contratista, encargado de la construcción del Centro de Vida para el Adulto Mayor en Chivolo, ya culminó la obra, pero enfrenta el mismo drama: no ha recibido el pago correspondiente.
“Terminamos la obra. El problema que tengo es de recursos: no me han pagado. La Gobernación me dice que no puede girar porque la Asamblea no ha aprobado el superávit. Los siete diputados del MAL creen que le hacen daño al gobierno de Fuerza Ciudadana, pero en realidad impiden que los beneficios del Estado lleguen a los más necesitados”, declaró.
¿Obstrucción con fines políticos?
Las denuncias coinciden en señalar a un bloque de siete diputados de oposición, quienes habrían optado por entorpecer la gestión del gobernador Rafael Martínez, afectando directamente la continuidad de obras sociales de alto impacto como vías, centros de atención, y programas de inclusión y bienestar.
Desde Fuerza Ciudadana y varios sectores sociales se ha señalado que esta conducta responde a una estrategia de saboteo político, que termina perjudicando a la población más vulnerable del departamento. “No es al gobernador a quien le hacen daño, es al pueblo del Magdalena”, aseguran.
El superávit, la excusa
El argumento central que utiliza la Asamblea para no aprobar los recursos es que no hay claridad en el uso del superávit presupuestal, es decir, el excedente de recursos del presupuesto anterior. Sin embargo, desde la Gobernación sostienen que todos los proyectos están sustentados y que la negativa responde a intereses políticos que buscan frenar los logros de Fuerza Ciudadana en el Magdalena.
¿Y los ciudadanos?
Mientras el pulso político se mantiene, los ciudadanos esperan. En barrios como El Reposo y El Refugio, los habitantes conviven con vías abiertas sin terminar, andenes inconclusos y polvo constante. En Chivolo, el Centro de Vida para los adultos mayores permanece cerrado a pesar de estar terminado, sin poder brindar atención porque no hay recursos para operarlo ni para honrar los compromisos con el constructor.
El llamado urgente
Ante la gravedad del panorama, contratistas, líderes comunales y ciudadanía hacen un llamado a la Asamblea para que deje de obstaculizar la ejecución de recursos y se aprueben los pagos pendientes.
“Esto no es por el gobernador, es por el pueblo. Queremos terminar las obras, pero si no nos pagan, no podemos seguir. No se trata de política, se trata de dignidad”, concluye uno de los afectados.
¿Hasta cuándo durará el pulso?
La tensión entre el gobierno departamental y los diputados opositores no es nueva, pero la ciudadanía empieza a perder la paciencia. Lo que comenzó como una disputa política hoy se traduce en calles sin pavimentar, adultos mayores sin atención, y contratistas al borde de la quiebra.
Lo que está en juego no es un superávit: es el futuro inmediato de cientos de magdalenenses que esperan con urgencia obras que ya están hechas, pero que no pueden entregarse por culpa del bloqueo legislativo.
