En medio de un ambiente político marcado por la incertidumbre y los recientes hechos de violencia, la Unidad Nacional de Protección (UNP) anunció la asignación de esquemas de seguridad a 52 precandidatos presidenciales, como parte de las acciones preventivas rumbo a las elecciones de 2026.
La decisión fue confirmada por el director de la entidad, Augusto Rodríguez, quien aseguró que las medidas han sido implementadas con celeridad, en respuesta a solicitudes presentadas principalmente por miembros de la oposición. Esto ocurre tras el atentado sicarial contra el senador y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay el pasado 7 de junio, hecho que puso en entredicho la eficacia del sistema de protección estatal.
Aunque Rodríguez defendió la actuación de la UNP, señalando que se ha actuado conforme a lo estipulado por la ley, los abogados de Uribe han iniciado acciones legales contra la institución, argumentando negligencia en la protección del congresista.
En cuanto al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aunque no existen amenazas confirmadas en su contra, la UNP indicó que no descarta reforzar su esquema si futuras investigaciones lo consideran necesario.
Rodríguez también desmintió los rumores sobre la supuesta participación de exguerrilleros en los equipos de seguridad del senador Jota Pe Hernández. Explicó que los firmantes del Acuerdo de Paz que trabajan con la UNP están asignados exclusivamente a la protección de otros firmantes, dentro de una subdirección especializada.
La asignación de estos esquemas de protección refleja la tensión que se vive en el país frente a la próxima contienda electoral y el compromiso del Estado de preservar la vida y la integridad de quienes aspiran a cargos de elección popular.
