El asesinato de Diego Morillo Cabrera, joven ingeniero guajiro ejecutado en plena obra del megacolegio de Turbana, Bolívar, no fue un hecho aislado ni producto del azar. Según fuentes confidenciales del bajo mundo, sostienen a que todo apunta a un ajuste de cuentas por negarse a pagar una extorsión disfrazada de “uso de suelo”.
La escena fue aterradora. Ocho sicarios en moto irrumpieron el martes 22 de julio en la obra pública, lo apartaron con determinación de sus compañeros y le dispararon sin contemplaciones. Semanas antes, ya le habían advertido. La intimidación rondaba la obra como una sombra. Esta vez, la amenaza se cumplió.
Diego, oriundo de Villanueva (La Guajira), no solo trabajaba por el progreso de un municipio bolivarense, sino que, al parecer, resistía a una práctica criminal enquistada en las construcciones de la región: el cobro del llamado “derecho de piso”, una forma de extorsión sistemática ejercida por bandas armadas que controlan territorios y hasta decisiones sobre quién trabaja y quién no.
Tras el crimen, la Gobernación de Bolívar emitió un comunicado condenando el hecho, y la Alcaldía de Villanueva expresó su pesar por la pérdida de uno de sus hijos más prometedores. Pero en el terreno, los comunicados oficiales contrastan con una realidad sangrante: construir en muchos municipios de la región es un acto de resistencia frente al poder criminal.
¿Quiénes estarían detrás? Las versiones se bifurcan: algunos señalan al Frente Nicolás Urango Reyes del Clan del Golfo; otros apuntan a alias ‘Fredy’, antiguo jefe de ‘Los Paisas’, hoy preso pero con tentáculos aún activos en Bolívar.
Mientras la Fiscalía y la Policía avanzan en la investigación, la muerte de Diego Morillo grita por justicia. Y por un país donde trabajar en una obra no sea una sentencia de muerte.
