El órgano de control advierte riesgos en la continuidad del servicio desde septiembre, al no conocerse estudios técnicos ni claridad sobre la contratación con la Imprenta Nacional.
La Procuraduría General de la Nación volvió a encender las alertas frente a una posible crisis en el suministro de pasaportes, luego del anuncio del convenio entre la Cancillería y la Imprenta Nacional de Colombia para la prestación de este servicio clave. El ente de control manifestó su preocupación por la falta de estudios técnicos y documentos precontractuales, requeridos por la ley de contratación estatal.
En un pronunciamiento oficial, la Procuraduría señaló que hasta el momento no se conoce la documentación exigida para justificar el nuevo convenio. “No se conocen los estudios previos técnicos ni los demás documentos precontractuales exigidos por la normativa vigente”, indica el comunicado. Además, se aclara que los documentos que sí se conocen fueron elaborados para contratar con un aliado internacional, pero ahora la contratación recaería directamente sobre la Imprenta Nacional.
El panorama se agrava al considerar que restan menos de 290.000 libretas por entregar bajo el contrato vigente, el cual finalizará el 31 de agosto de 2025, y aún no está claro quién asumirá la continuidad del servicio desde el 1 de septiembre.
El órgano de control también cuestiona si el actual contratista ha sido notificado o consultado para operar bajo una figura de urgencia manifiesta, además de criticar que el convenio haya sido firmado por la secretaria general en encargo, y no por la ministra titular de Relaciones Exteriores.
A esto se suma el antecedente de investigaciones abiertas contra la Imprenta Nacional por presuntas irregularidades en la contratación de la cédula de extranjería, proceso en el que también se recurrió a un tercero internacional.
Frente a este complejo escenario, la Procuraduría reiteró que continuará ejerciendo vigilancia estricta sobre el proceso y tomará acciones legales necesarias para asegurar la prestación continua del servicio, la transparencia en la contratación pública y la correcta administración de los recursos del Estado.
Y.A.
