La Procuraduría General de la Nación, luego de una visita realizada a las instalaciones de la Estación de Policía y la Unidad de Reacción Inmediata -URI- Permanente Central de Ibagué, evidenció problemas en la infraestructura del lugar, demoras en el suministro de alimentos para las personas privadas de la libertad (PPL), sumado a un hacinamiento del 310 % y deficiencias en la atención médica.
Ante esos hallazgos, la Procuraduría hizo requerimientos a la Alcaldía de Ibagué, sus entidades descentralizadas, la Gobernación del Tolima, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC- y a otras autoridades, y les pidió gestionar la reactivación de los traslados de las PPL al complejo carcelario de Picaleña para reducir el hacinamiento.
También solicitó asignar personal médico al centro de reclusión, garantizar traslados oportunos a centros de salud y gestionar citas, tratamientos y entrega de medicamentos. Además, exigió reparar las celdas en mal estado, las baterías sanitarias y el techo de la sala de audiencias, y habilitar espacios para visitas familiares, al menos de forma virtual.
Finalmente, la Provincial de Instrucción de Ibagué advirtió que el incumplimiento de estos requerimientos y de las decisiones judiciales vigentes constituye una falta disciplinaria. Por ello, instó a todas las autoridades involucradas a tomar medidas inmediatas para proteger los derechos a la vida, la salud, la dignidad y la integridad de las personas detenidas.
