El alto tribunal ratificó que Juan Carlos y Alfonso Dávila Abondano sí incurrieron en tentativa de peculado al presentar proyectos fraudulentos ante el programa Agro Ingreso Seguro.
En una decisión que pone punto final a más de una década de controversia judicial, la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena contra los hermanos Juan Carlos y Alfonso Dávila Abondano, dos influyentes empresarios del Caribe colombiano, por el delito de peculado por apropiación agravado en grado de tentativa, en el marco del escándalo del programa Agro Ingreso Seguro (AIS).
La Sala Penal del alto tribunal, por mayoría, rechazó los argumentos de la defensa de los empresarios y confirmó la sentencia de dos años de prisión, impuesta inicialmente por el Tribunal Superior de Bogotá. El fallo sostiene que los Dávila sí incurrieron en irregularidades al presentar dos proyectos de subsidio ante el AIS usando fraccionamiento ficticio de predios, lo que buscaba duplicar beneficios públicos para la finca Tequendama, en Aracataca, Magdalena.
Según el fallo, fue clave la denuncia periodística publicada en septiembre de 2009 por un medio nacional, que evidenció cómo influyentes familias del Caribe accedían de forma irregular a subsidios diseñados para pequeños productores. “La apropiación no se produjo por circunstancias voluntarias de los condenados, sino por la intervención de terceros —en este caso, el medio de comunicación— que generó presión pública y exposición mediática”, señaló la Corte.
Los Dávila Abondano, gerentes e integrantes de la junta directiva de la empresa CI Tequendama, firmaron contratos entre ellos mismos para sustentar proyectos separados: Tequendama – El Salado I y Tequendama – El Salado II. Estos fueron declarados elegibles el 11 de septiembre de 2009 por valores de 192 y 247 millones de pesos, respectivamente. Días después de la denuncia mediática, renunciaron a los subsidios, pero el tribunal concluyó que lo hicieron por presión externa y no de forma voluntaria.
Durante el proceso judicial, los empresarios pasaron de declararse inocentes a buscar un preacuerdo con la Fiscalía, en el que aceptaron responsabilidad a cambio de una rebaja de pena. Sin embargo, tras su condena en 2018, comenzaron a cuestionar el fallo, alegando que el preacuerdo no debió ser validado y que el caso estaba prescrito, algo que la Corte desmintió. El fallo fue emitido el 18 de julio de 2025, antes del límite legal fijado para el pronunciamiento.
El programa AIS, creado en 2007, pretendía reducir la desigualdad en el campo, pero terminó beneficiando a sectores privilegiados. La publicación periodística original desató una serie de investigaciones que incluyeron la condena del exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias.
Con esta decisión, la Corte Suprema sienta un precedente en defensa de los recursos públicos y reafirma el papel de la prensa en la lucha contra la corrupción.
Y.A.
