La iniciativa plantea tratamientos judiciales transicionales para actores armados ilegales, financiadores y manifestantes, priorizando la verdad, la reparación y la no repetición.
En el marco de la política de paz total, el Congreso de Colombia estudia un ambicioso proyecto de ley que busca implementar un tratamiento penal diferenciado para miembros de grupos armados organizados al margen de la ley (GAOML), estructuras criminales de alto impacto (EAOCAI), sus financiadores, colaboradores y personas judicializadas por su participación en protestas sociales. El objetivo principal es facilitar el desmantelamiento de organizaciones criminales, el sometimiento a la justicia y la reparación colectiva de las víctimas, como condición clave para la consolidación del orden público y la seguridad ciudadana.
Según el texto, este modelo de justicia transicional incluiría penas alternativas, justicia restaurativa, acuerdos de verdad histórica, y entrega de bienes con fines de reparación territorial. Así, quienes se sometan al sistema podrán acceder a beneficios jurídicos siempre y cuando colaboren con información útil, entreguen recursos ilícitos, pidan perdón público y cesen actividades delictivas.
En el caso de los manifestantes, se contempla aplicar el principio de oportunidad o rebajas sustanciales de penas a quienes hayan participado en disturbios públicos, siempre que demuestren compromiso con procesos de restauración y reparación. Quienes hayan cumplido dos años de prisión efectiva, podrían obtener la libertad condicional.
Asimismo, el proyecto garantiza amplia participación de las víctimas, quienes tendrán voz en las decisiones judiciales y mecanismos de verdad. Las autoridades judiciales estarán obligadas a considerar enfoques diferenciales para proteger los derechos de poblaciones vulnerables, como mujeres, indígenas, personas LGBTIQ+, niños, campesinos, y víctimas del conflicto.
El documento establece también la creación de programas de inclusión social y mecanismos de articulación institucional para garantizar la reintegración de desmovilizados y exmiembros de estructuras criminales, bajo el acompañamiento de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización.
De aprobarse, esta norma representaría uno de los pilares normativos más ambiciosos en el marco del proyecto gubernamental de «paz total», al ofrecer rutas legales para que actores armados se reintegren a la sociedad, sin impunidad y con centralidad en las víctimas y el territorio.
? Penal Proyecto de ley para la consolidación de la paz by LIBERTAD DIARIO
Y.A.
