Eduardo Montealegre radicó ante la Cámara el proyecto de ley que otorga beneficios jurídicos a miembros de grupos armados ilegales y de la Primera Línea, con penas reducidas y justicia restaurativa, sin sacrificar los derechos de las víctimas.
En un acto clave para la política de «paz total», el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, radicó ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes el proyecto de ley de sometimiento de grupos ilegales, iniciativa que otorga beneficios jurídicos a miembros de organizaciones criminales, incluidos quienes fueron judicializados por participar en la protesta social.
Montealegre explicó que el proyecto se fundamenta en tres modelos diferenciados: uno para actores del conflicto armado como el ELN, otro para estructuras criminales y un tercero para jóvenes de la Primera Línea. A pesar de que estos beneficios implican que algunos condenados puedan salir de prisión, el ministro negó tajantemente que la propuesta implique impunidad. “El proyecto tiene un mínimo de retribución, tiene mínimos de pena alternativa de la libertad y es una mezcla entre justicia y paz y la Jurisdicción Especial de Paz, siempre con un mínimo de privación de la libertad”, sostuvo.
Según Montealegre, los actores del conflicto tendrían penas alternativas de entre 5 y 8 años de prisión efectiva; los integrantes de grupos armados ilegales que se sometan a la justicia podrán obtener rebajas de pena del 40% al 60%; y quienes fueron condenados por hechos en el marco de protestas sociales podrían recibir una reducción del 70%, además de ser vinculados a mecanismos de justicia restaurativa.
El proyecto también abarca a colaboradores y financiadores de estas organizaciones, a quienes se les permitiría el sometimiento individual, en un intento por desmantelar integralmente las estructuras ilegales.
Montealegre subrayó que esta propuesta busca “garantizar la seguridad en los territorios y ofrecer una nueva oportunidad a los actores armados, incluso a aquellos que fueron excluidos de la JEP y Justicia y Paz”. Añadió que el enfoque transversal de la iniciativa es la protección de los derechos de las víctimas, garantizando siempre verdad, justicia y reparación.
Y.A.
