La sede norte del Instituto Nacional de Medicina Legal en Barranquilla impidió una inspección de la Defensoría del Pueblo, alegando que la autorización debía gestionarse desde Bogotá. La situación se mantiene crítica con cuerpos en descomposición acumulados en el suelo.
La crisis sanitaria en la sede norte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Barranquilla escaló a un nuevo nivel de indignación ciudadana este lunes, luego de que la Defensoría del Pueblo – Regional Atlántico fuera impedida de realizar una inspección a las instalaciones, pese a las múltiples denuncias de familias y medios de comunicación sobre el alarmante estado de la morgue.
Según reveló un medio local, la directora de la sede, Marjorie Yaneth Cervantes Herrera, negó el ingreso de los funcionarios bajo el argumento de que dicha visita solo podía autorizarse desde la sede central en Bogotá. Aunque la Defensoría ya gestionó el permiso correspondiente, se espera que este sea concedido entre la tarde de hoy o el día martes.
El impedimento para ingresar ocurre en un contexto gravísimo. Desde hace más de siete meses, la única cámara de refrigeración del instituto presenta fallas estructurales que han generado consecuencias desoladoras. Familiares de personas fallecidas denuncian que los cuerpos no se conservan en temperaturas adecuadas, lo que ocasiona un proceso acelerado de descomposición. Esto ha llevado a que muchos de ellos no puedan ser velados dignamente ni en funerarias ni en viviendas particulares.
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La morgue, con capacidad máxima para 15 a 20 cuerpos, actualmente almacena cadáveres en condiciones infrahumanas. Decenas de cuerpos yacen en el suelo, expuestos durante semanas o incluso meses, antes de ser trasladados, sin mayor protocolo, a cementerios. La situación vulnera el derecho a la dignidad post mortem y pone en riesgo la salubridad pública.
Resulta alarmante que una institución cuya función es servir a la justicia y proteger los derechos de las víctimas cierre sus puertas a la entidad encargada de velar por los derechos humanos. Negar la inspección a la Defensoría del Pueblo no solo es un acto burocrático, sino una muestra de opacidad institucional frente a una problemática que ya bordea lo inhumano.
La ciudadanía, las autoridades de control y los medios de comunicación no pueden permanecer indiferentes. Esta situación exige respuestas inmediatas del Gobierno nacional, del Ministerio de Justicia y de la misma dirección central de Medicina Legal. Mientras los procedimientos administrativos se dilatan en Bogotá, en Barranquilla los cuerpos se descomponen sin dignidad, sin respeto y sin humanidad.
Y.A.
