El exfiscal general calificó como una “amnistía disfrazada” la iniciativa del presidente Gustavo Petro, señalando que libera a responsables de delitos graves y vulnera el sistema penal colombiano.
El exfiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, lanzó una dura crítica contra el proyecto de ley de sometimiento presentado por el presidente Gustavo Petro, al que calificó como una estrategia para premiar a los criminales del país. En una entrevista radial Barbosa afirmó que se trata de una “amnistía e indulto velado” que amenaza con debilitar gravemente la justicia colombiana.
“Es el último regalo de Petro para la Primera Línea”, declaró Barbosa, haciendo referencia a que la iniciativa permitiría la excarcelación de condenados por actos violentos cometidos durante el estallido social. Según él, los responsables de terrorismo urbano podrían salir a la calle tras recibir rebajas del 70% en sus penas, sin cumplir con los castigos que les corresponden.
El proyecto, que tiene como objetivo desmantelar estructuras criminales mediante mecanismos de sometimiento voluntario, ha sido duramente señalado por el exfiscal como una herramienta para liberar a cabecillas de organizaciones de alto impacto, incluso a quienes han cometido crímenes de lesa humanidad.
Barbosa también rechazó la creación de los llamados “centros de armonización”, propuestos como una alternativa a la prisión para los beneficiarios de la ley. “Se van a la calle sin cumplir con las penas que les corresponden”, enfatizó.
Otro punto que levantó polémica es la posibilidad de entregar el 12% de los recursos recuperados por extinción de dominio a los propios delincuentes. Para Barbosa, esto representa una forma directa de lavado de activos, contrario al Código de Extinción de Dominio, y contradice la reparación a las víctimas, quienes deberían ser las principales beneficiarias de esos recursos.
El exfiscal también advirtió que la iniciativa podría enfrentarse a serios obstáculos en la Corte Constitucional, ya que contradice los principios fundamentales del sistema penal como la efectividad de las penas y la justicia reparadora.
En respuesta a los argumentos del Gobierno, que defiende el derecho del presidente a decidir con quién dialogar para la paz, Barbosa fue enfático: “El proceso de sometimiento debe implicar penas efectivas de prisión y no alternativas que favorezcan a los delincuentes”.
Concluyó que esta ley, lejos de contribuir a una paz verdadera, pone en riesgo el sistema de seguridad del país y constituye un grave retroceso para la justicia. “Esto es un proyecto para premiar a los criminales”, sentenció.
