De beneficiaria del Sisbén a Jefe de Gabinete: Juliana Guerrero, sin título universitario y con inconsistencias en su experiencia laboral, encarna una de las historias más polémicas del gobierno Petro.
Ascensos sin soportes, contratos cuestionables, propiedades no declaradas y un sueldo que no explica su estilo de vida. Estos son los elementos que rodean el caso de Juliana Guerrero, funcionaria del Ministerio del Interior, quien ha pasado de ser una desconocida asesora a uno de los rostros más incómodos en la administración del presidente Gustavo Petro.
Según reveló Caracol Radio, Guerrero fue ascendida en tiempo récord al cargo de Jefe de Gabinete del MinInterior, sin cumplir los requisitos de experiencia laboral exigidos para dicha posición. Solo se le pudo verificar un tiempo de trabajo de cinco años en la Asociación para la Gestión de Asuntos de las Comunidades Negras Afrocolombianas, mientras que los demás cargos que alegaba —como su paso por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, la Universidad Industrial de Santander y la coordinación de programas de ‘Paz Total’— presentan inconsistencias en fechas, e incluso contratos que se cruzan entre sí.
Pese a no contar con estudios superiores —es solo bachiller— Guerrero fue designada primero como secretaria Ejecutiva del Despacho, grado 26, y luego ascendida, recibiendo una bonificación del 20% adicional sobre un salario base de $4.141.829. Un salto administrativo que, en un Estado que exige meritocracia, no deja de levantar sospechas.
Más grave aún es el contraste entre su nivel de vida y su declaración de bienes. Mientras en la documentación oficial asegura tener ingresos de $3 millones y cero pesos en su cuenta de ahorros, aparece en el Sisbén, y su nombre —junto al de su familia— figura como propietaria de dos inmuebles en Valledupar. ¿Cómo se explica esta discordancia entre el papel y la realidad?
A este panorama se suma un contrato por $11.786.424 otorgado por el mismo Ministerio del Interior, para desempeñarse como “enlace territorial en espacios de sensibilización”, en paralelo a su función ejecutiva. También recibió dos contratos de $3 millones cada uno con la Universidad Industrial de Santander.
El caso de Juliana Guerrero pone en entredicho los mecanismos de selección y promoción en la administración pública, y plantea preguntas urgentes sobre el uso de los recursos públicos y el alcance de los favores políticos en un gobierno que prometió combatir los privilegios. Más que una excepción, este caso podría ser el reflejo de un patrón que se normaliza mientras se exige transparencia hacia afuera, pero se elude internamente.
Y.A.
