El presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, lanzó una grave advertencia al país: el mismo hombre señalado de ordenar el atentado contra el senador y excandidato Miguel Uribe, alias ‘Zarco Aldinever’, habría planeado también un atentado contra su familia, y el presidente Gustavo Petro lo sabía desde 2022.
La denuncia, expuesta en una columna publicada en Contexto Ganadero, no solo revive un episodio preocupante de amenazas, sino que pone bajo la lupa decisiones del Ejecutivo, al haber vinculado al señalado criminal como negociador de paz en los diálogos con la Segunda Marquetalia, facción disidente de las Farc.
Lafaurie asegura que las amenazas comenzaron en noviembre de 2021, cuando el entonces presidente Iván Duque le transmitió un informe de inteligencia: un atentado contra su núcleo familiar estaría en marcha y se habría ofrecido una millonaria recompensa por ejecutarlo.
«En ese momento se ofrecían hasta mil millones de pesos para asesinar a un miembro de mi familia«, relató Lafaurie.
Más aún, reveló que en agosto de 2022 el presidente Gustavo Petro lo recibió en su despacho y, de manera directa, le habló sobre las amenazas en su contra. Aunque valoró el gesto de ofrecerle protección, hoy critica que se haya minimizado la gravedad del asunto, sobre todo a la luz de los hechos recientes.
“Hoy todo cobra otro sentido. El presidente Petro sabía quién era ‘Zarco Aldinever’, sabía de sus planes y de su peligrosidad, y aun así, decidió nombrarlo como negociador. Eso es inadmisible”, subrayó Lafaurie.
El empresario lamenta que, mientras el país intenta dejar atrás una época de sangre y persecución, desde el Gobierno se le abran las puertas al diálogo a individuos con historial criminal que han atentado —o buscado atentar— contra figuras de la oposición.
El escándalo estalló con el atentado contra Miguel Uribe, cuya autoría intelectual se atribuye precisamente a alias ‘Zarco Aldinever’. Aunque tras la presión pública y política el Gobierno retiró su nombre de la mesa de negociaciones, para Lafaurie ese hecho no borra la responsabilidad ni el mensaje errático que se transmitió.
“¿Vuelve acaso el asesinato selectivo como arma política?”, se pregunta, con evidente preocupación. “El Zarco está libre y el peligro es latente para otros candidatos. Que el Estado nos proteja; es su obligación, o si no… que Dios nos guarde”, concluye en su columna.
La denuncia de Lafaurie vuelve a encender las alarmas sobre los límites del proceso de paz total y las implicaciones de legitimar a figuras con un pasado violento. Mientras tanto, sectores de la oposición exigen respuestas concretas y garantías reales de protección.
