Petro celebra el paso hacia lo público mientras crecen dudas sobre la capacidad operativa del nuevo modelo.
En una decisión que marca un giro en el manejo de uno de los documentos más importantes para los colombianos, el Gobierno Nacional oficializó el traspaso de la producción de pasaportes a la Imprenta Nacional. El convenio, que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2034, sustituye al contrato que durante más de 17 años mantuvo en exclusiva la empresa privada Thomas Greg & Sons.
Este movimiento no ha pasado desapercibido. Mientras el presidente Gustavo Petro celebra lo que califica como un retorno a la soberanía documental del país, diversos sectores cuestionan la viabilidad logística, presupuestal y técnica de la Imprenta Nacional para asumir un reto que implica personalizar y distribuir cerca de 8.000 pasaportes al día.
“La Imprenta Nacional volverá a ser la mayor imprenta de Colombia”, aseguró el mandatario durante la presentación del nuevo modelo, al tiempo que destacó que este convenio garantiza una expedición más segura, transparente y soberana de los datos de los ciudadanos.
¿Qué cambia con el nuevo convenio?
El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores fue la entidad encargada de firmar el convenio interadministrativo con la Imprenta Nacional. Según el documento publicado en el SECOP, esta empresa pública será responsable de todo el ciclo del pasaporte: desde la impresión hasta la entrega.
La ejecución del modelo comenzará oficialmente el 1° de abril de 2026, con un proceso de transición que contempla pruebas físicas de cada tipo de documento y la implementación de protocolos internacionales de seguridad y calidad. Mientras tanto, se prevé un otrosí con Thomas Greg & Sons para cubrir los meses previos.
Críticas técnicas y tensiones internas
La decisión generó un fuerte remezón institucional. La exministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, renunció tras mostrar su desacuerdo con el modelo. Según ella, la Imprenta Nacional no cuenta con la infraestructura ni el músculo técnico necesario y requeriría al menos nueve meses de preparación para asumir el encargo.
Estas preocupaciones también están siendo analizadas por la Procuraduría General de la Nación, que mantiene investigaciones abiertas por posibles irregularidades en los procesos de contratación y transición de los pasaportes.
¿Un paso hacia la soberanía o una improvisación?
Con este movimiento, el Gobierno Petro consolida su apuesta por el fortalecimiento del sector público, en línea con su discurso de “Colombia Potencia de la Vida”. Sin embargo, el reloj ya empezó a correr: la Imprenta Nacional debe demostrar que puede sostener la operación sin colapsos, retrasos ni fallos de seguridad.
Mientras tanto, los colombianos observan expectantes un proceso que toca directamente su derecho a la movilidad internacional —y que pone a prueba el equilibrio entre ideología, capacidad técnica y cumplimiento.
