Disidencias de las FARC-EP retienen a contratistas y funcionarios de la Gobernación del Cauca en López de Micay; Sergio Fajardo condena el hecho y promete seguridad y firmeza desde su eventual gobierno.
El secuestro de nueve funcionarios y contratistas de la Gobernación del Cauca en el municipio de López de Micay, ocurrido el pasado 17 de julio de 2025, ha encendido las alarmas en el país y provocado fuertes pronunciamientos políticos. Según un comunicado divulgado por el Estado Mayor del Bloque Occidental de las FARC-EP, los retenidos fueron sorprendidos mientras, supuestamente, instalaban equipos tecnológicos para el Ejército Nacional, en el marco de un contrato estatal que —según la organización armada— tiene objetivos militares encubiertos.
Entre los nombres difundidos por las disidencias figuran Eivar Alonso Guerrero Anaya, Sergio Andrés López Gómez, Angélica María Barona, Leydi Rocío Guengue, Paola Andrea Maca Chávez, Mónica Alexandra Bambague, Manuela Caicedo Arango, María Elizabeth López y Elizabeth Yangana, quienes habrían sido capturados con equipos de comunicación y monitoreo.
En respuesta, el precandidato presidencial Sergio Fajardo Valderrama, del Movimiento Decencia, expresó en sus redes sociales: “Toda mi solidaridad con las familias de los nueve funcionarios de la Gobernación del Cauca secuestrados por las disidencias de las FARC. ¡Esto es inaceptable! El Cauca no puede seguir atrapado entre el abandono del Estado y el terror de los violentos”. Y añadió: “El 7 de agosto de 2026 empieza la recuperación del departamento del Cauca. No más promesas incumplidas, no más frustraciones. Con seguridad, seriedad, firmeza, conocimiento y rigor, el Cauca tiene que salir adelante”.
En el comunicado, la estructura armada asegura que los funcionarios serán tratados “de la mejor manera”, mientras evalúan la información y equipos incautados. No obstante, acusan al gobernador Octavio Guzmán de actuar en complicidad con intereses militares y mineros, y advierten que no tolerarán más “tareas de guerra encubiertas” bajo coberturas civiles.
Este nuevo episodio de violencia revive las preocupaciones por el control territorial de las disidencias, las limitaciones del Estado para proteger a sus funcionarios en zonas de alta presencia armada y la fragilidad institucional en regiones como el Pacífico caucano.
Diversos sectores han exigido al Gobierno Nacional acciones inmediatas para lograr la liberación de los retenidos, evitar nuevas retenciones y garantizar la seguridad de los trabajadores públicos en terreno.
Y.A.
