El senador respaldó el concepto desfavorable de la Corte al proyecto que otorgaba beneficios a jefes criminales y advirtió sobre los riesgos de promover la impunidad en nombre de la paz.
El senador liberal Mauricio Gómez Amín se pronunció con firmeza este viernes tras conocerse el concepto desfavorable de la Corte Suprema de Justicia sobre el proyecto de ley que proponía ampliar beneficios jurídicos a jefes de estructuras criminales bajo el marco de la ‘Paz Total’.
“La Corte Suprema cumplió con su deber: proteger la legalidad y la dignidad del Estado de Derecho”, afirmó el congresista, quien ha sido crítico del proyecto que, a su juicio, buscaba legitimar el crimen a través de beneficios jurídicos sin suficiente justificación legal ni fiscal.
La Corte Suprema cumplió con su deber: proteger la legalidad y la dignidad del Estado de Derecho.
El rechazo a ese nefasto proyecto es una victoria para las víctimas y para quienes creemos que la paz no se construye con impunidad.
No se puede legitimar el crimen organizado bajo… https://t.co/GAlNhwEFsf
— Mauricio Gómez Amín (@MauricioGomezCO) July 19, 2025
El proyecto, que generaba controversia por incorporar elementos de justicia transicional a delitos cometidos por estructuras delictivas comunes, fue desestimado por la Corte por falta de claridad jurídica, insuficiencia argumentativa y deficiencias en el análisis de impacto institucional.
“El rechazo a ese nefasto proyecto es una victoria para las víctimas y para quienes creemos que la paz no se construye con impunidad”, recalcó Gómez Amín.
En su intervención ante el Consejo Superior de Política Criminal, la presidenta del órgano expresó que el proyecto no había sido suficientemente discutido ni deliberado. Además, señaló que el texto legislativo carecía de una justificación sólida sobre los desafíos operacionales y el impacto fiscal, ya que atribuía nuevas responsabilidades a la jurisdicción penal ordinaria sin prever los recursos adecuados.
La Corte también criticó que el proyecto no presentaba diálogos previos con la judicatura, ni incluía análisis técnicos sobre su viabilidad administrativa. Cuestionó además la combinación de justicia transicional con temas de seguridad ciudadana, como la judicialización de protestas sociales o disturbios públicos, lo que generaba ambigüedad y riesgos de interpretaciones laxas.
“No se puede legitimar el crimen organizado bajo el disfraz de reconciliación. ¡Aplaudimos esta postura!”, concluyó el senador barranquillero.
El concepto negativo de la Corte representa un fuerte revés para sectores del Gobierno que impulsaban la iniciativa como parte del marco legal de la ‘Paz Total’, contemplado en la Ley 2272 de 2022. Sin embargo, tanto desde el Congreso como desde sectores judiciales, se insiste en que la búsqueda de la paz no puede comprometer la justicia ni vulnerar los derechos de las víctimas.
Y.A.
