El parque E200, con capacidad de 200 megavatios, se suspende por conflictos con comunidades indígenas. La historia se repite: Enel, Celsia y EDP Renewables también desistieron ante un panorama marcado por bloqueos, desconfianza y falta de acuerdos reales.
Otro parque eólico, otro fracaso anunciado en La Guajira. Esta vez fue Empresas Públicas de Medellín (EPM) la que anunció la suspensión del proyecto E200, un ambicioso parque eólico con capacidad para generar 200 megavatios de energía eléctrica, debido a lo que denominó “dificultades con los wayuus” vecinos de la planta energética.
Aunque la infraestructura técnica ya estaba montada, el desenlace fue el mismo que el de Celsia, Enel Colombia y EDP Renewables, compañías que también se retiraron o ni siquiera pudieron empezar sus obras en esta región por la persistente y organizada oposición de las comunidades indígenas.
El patrón se repite. Las comunidades wayuu, amparadas en el marco constitucional que reconoce su autonomía étnica, bloquean o condicionan cualquier avance empresarial, exigiendo acuerdos que, según múltiples voces en el sector energético, resultan imposibles de cumplir o insostenibles a largo plazo.
Este nuevo revés deja al descubierto no solo las limitaciones del Estado para mediar entre intereses energéticos y comunidades protegidas constitucionalmente, sino también una situación que parece estancada en un círculo de subsidios, ausencia de incentivos y discursos sin resultados tangibles. Mientras tanto, los indicadores sociales siguen alertando: altas tasas de Necesidades Básicas Insatisfechas y una dependencia estructural de giros estatales que, según denuncias, ascienden a 27 millones de pesos por persona al año.
La pregunta que ahora ronda es si Ecopetrol, recientemente vinculada a uno de estos proyectos eólicos abandonados por otras compañías, podrá “masticar” este nuevo chicharrón wayuu o si correrá la misma suerte que sus antecesores. El panorama, por ahora, no ofrece viento a favor.
Y.A.
