Aunque se pactaron medidas preliminares para estabilizar el sector, los arroceros mantienen bloqueos en regiones como Tolima, exigiendo concertación directa, control a importaciones y cumplimiento verificable.
Pese al anuncio de un acuerdo preliminar entre el Gobierno Nacional y la industria arrocera, incluido Fedearroz, las protestas y bloqueos de los productores de arroz continúan en varias regiones del país. La razón: el gremio aún no ve acciones concretas ni presencia institucional suficiente para levantar el paro arrocero que se mantiene firme, especialmente en departamentos como Tolima.
El comunicado oficial emitido por el Ministerio de Agricultura la noche del viernes 18 de julio señala que el Gobierno y Fedearroz pactaron un conjunto de medidas urgentes y estructurales para estabilizar el sector arrocero, afectado por bajos precios, exceso de oferta y una creciente preocupación por las importaciones.
“El Gobierno Nacional informa a la ciudadanía que, tras un proceso de diálogo respetuoso y constructivo, se alcanzó un acuerdo preliminar con la industria arrocera y Fedearroz como representante de los productores. Esto permitirá avanzar en medidas urgentes y estructurales para enfrentar la coyuntura del sector y fortalecer su sostenibilidad en el tiempo”, indicó la cartera agropecuaria.
Entre los compromisos, destaca la expedición de un acto administrativo que establecerá un régimen de libertad regulada, con el fin de fijar un precio mínimo de referencia para el arroz paddy verde y el arroz blanco. La medida busca proteger a los productores sin afectar a los consumidores ni al abastecimiento nacional.
Asimismo, se implementará un Plan de Ordenamiento Productivo del Arroz, que integrará a todos los eslabones de la cadena con miras a asegurar la soberanía alimentaria y enfrentar los retos estructurales del sector.
Otro punto clave del acuerdo es el compromiso de la industria de comprar el arroz ya cosechado, pagarlo de inmediato y reconocer cualquier diferencia si el precio fijado posteriormente resulta superior.
No obstante, líderes del paro han reiterado que estos compromisos no son suficientes para desmontar la protesta. Entre las exigencias centrales del gremio figuran:
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La definición de un precio de sustentación justo, concertado con los productores.
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Que las políticas del arroz se diseñen en diálogo con el campesinado y no de forma unilateral.
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Mayor control a las importaciones, que deprimen los precios locales.
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Que los incentivos de almacenamiento y comercialización no favorezcan solo a los grandes industriales.
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La creación de un fondo de estabilización de precios que proteja al productor frente a la volatilidad del mercado internacional.
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Y, sobre todo, que los acuerdos tengan mecanismos claros de verificación y cumplimiento.
El gremio ha advertido que no levantará el paro sin una presencia efectiva de la ministra de Agricultura y la ministra de Comercio en los territorios donde se concentra la protesta, y sin garantías firmes de que las medidas no quedarán en el papel.
Por ahora, el paro arrocero sigue siendo una muestra de las tensiones no resueltas entre el campo colombiano y el Estado, y de la urgencia de diseñar una política agrícola que integre verdaderamente a los productores en la toma de decisiones.
Y.A.
