Pese al escándalo nacional por el saqueo con los carrotanques, la Gobernación de La Guajira estaría a punto de adjudicar el contrato de transporte escolar a la misma empresa implicada, Relaturg, con claros vínculos políticos y antecedentes de favorecimientos irregulares.
Por: Unidad Investigativa.
DIARIO LA LIBERTAD.
🎧 Escucha el resumen en audio:
La Guajira vuelve a ser epicentro del desfalco institucional. En medio de una de las crisis más profundas de acceso a la educación en zonas rurales, la Gobernación departamental —liderada por Jairo Aguilar Deluque— estaría a punto de adjudicar el contrato del transporte escolar a Relaturg, una empresa implicada en el escándalo nacional de los carrotanques, con claros vínculos políticos con el clan Deluque y antecedentes de contratación cuestionada.
Relaturg no es un nombre nuevo en los procesos contractuales de La Guajira. Esta empresa, que durante años ha monopolizado la prestación del transporte escolar en los municipios no certificados, hoy aparece señalada no solo por presuntas maniobras de favorecimiento contractual, sino por haber participado en la interventoría de los carrotanques de la UNGRD, contratados por más de 133 millones de pesos y que nunca cumplieron su función: llevar agua a las comunidades wayuu.
En contexto: Transporte escolar en La Guajira: el negocio infame donde la infancia camina y los clanes políticos se enriquecen
El dueño original de Relaturg, Edgar Acosta Romero, fallecido y exaspirante a la alcaldía de Riohacha, dejó una empresa que ha sido instrumentalizada políticamente. Su relación con figuras como Nemecio Roy, Alfredo Deluque, y el propio gobernador Aguilar Deluque, ha convertido a Relaturg en pieza clave del entramado de poder y negocios turbios en el departamento.
Lo que debió ser una solución al problema del agua, terminó siendo un negocio para unos pocos, mientras los carrotanques permanecían inmóviles y los niños sin clases.
Doble moral política: denuncia en Bogotá y adjudicación en casa
El cinismo político se expone sin pudor: mientras el senador Alfredo Deluque, primo del actual gobernador, arremete desde Bogotá contra el presidente Gustavo Petro por el escándalo de los carrotanques, en su tierra natal su pariente directo adjudica contratos escolares a la misma empresa involucrada en ese mismo escándalo.
Este doble discurso político revela no solo el nivel de deterioro institucional, sino la naturalización del clientelismo y el descarado reciclaje de contratistas cuestionados, a pesar de las advertencias de organizaciones como Asonaltet, que desde mayo denunció que los pliegos de la licitación estaban hechos a la medida de Relaturg.
Lea también: Relaturg, el contratista eterno de La Guajira: del escándalo de los carrotanques al monopolio del transporte escolar
Selección abreviada: la maniobra para asignar directo el contrato
Cuando el proceso de contratación LP-004-2025 fue declarado desierto, la Gobernación decidió aplicar la figura de “selección abreviada”, abriendo la puerta para una asignación directa del contrato. Todo apunta a que el único oferente viable será, una vez más, Relaturg. El argumento: ningún otro competidor cumple con los exagerados requisitos de experiencia exigidos, que solo esa empresa puede acreditar.
Así, se repite la historia: niños indígenas y rurales sin transporte, escuelas vacías, docentes improvisando clases, comunidades organizando colectas para pagar transporte improvisado. Todo esto, mientras Relaturg se consolida como el operador eterno, pese a sus múltiples cuestionamientos y sus vínculos con los clanes políticos más influyentes de la región.
Retraso académico y clientelismo enquistado exigen intervención urgente
Las implicaciones del atraso escolar no son menores. El sindicato Asodegua ha denunciado la ilegalidad de modificar el calendario académico por errores administrativos, y advierte que se están vulnerando los derechos fundamentales de estudiantes y docentes. El retraso trastoca semanas de desarrollo institucional, interfiere en el trabajo pedagógico, y pone en riesgo el cumplimiento del año escolar.
Pero, quizás lo más grave, es la normalización de este sistema. Desde hace más de una década, el transporte escolar en La Guajira ha sido una moneda de cambio política. Las licitaciones se caen, se repiten, se rediseñan, se ajustan, hasta que se adaptan a las empresas amigas del poder. Y los entes de control llegan tarde, si es que llegan.
Esta situación exige una intervención estructural urgente por parte del Ministerio de Educación y los organismos de control. No puede ser que en pleno 2025, el derecho a la educación de más de 10.800 niños y niñas dependa de los acuerdos de clanes políticos y del mismo entramado corrupto que fue incapaz de garantizarles agua hace apenas un año.
La Guajira no necesita más carrotanques ni más contratos amañados. Necesita justicia, transparencia y un mínimo de dignidad institucional. Porque detrás de cada contrato oscuro hay un aula vacía, un niño sin futuro y una comunidad que sigue esperando lo que le pertenece por derecho.
La ruta del agua que nunca llegó: Crónica detrás del millonario fracaso de los carrotanques en La Guajira
16 de febrero de 2024
La caravana de cuarenta carrotanques, cada uno con capacidad para 16.000 litros, llegó en enero al batallón militar de Uribia para aliviar la histórica sed wayúu. Sin embargo, lejos de ponerse en marcha, los vehículos quedaron quietos en el parqueadero. La causa: la UNGRD adujo falta de conductores y desconocimiento de rutas hacia las rancherías más remotas. Un líder local advirtió: “Cuando pase el verano van a querer meter los carrotanques en las rancherías, sabiendo que así no va a servir porque las carreteras no van a servir”.
Le puede interesar: Tras bambalinas: Análisis de facilitadores de corrupción en Colombia en los casos Ruta del sol II y Carrotanques de la UNGRD
22 de febrero de 2024
El escándalo estalló cuando un diario nacional reveló que, un mes después de firmar por 46.800 millones, la UNGRD ya planeaba comprar 20 unidades adicionales por 27.600 millones. Víctor Andrés Meza, exsubdirector de la entidad, aseguró que la orden de proveeduría “fue firmada por el director, Olmedo López” y que llamó la atención de su oficina la multiplicación de contratos con el mismo proveedor en menos de tres meses. La Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría abrieron indagaciones contra López.
Lea también: Sobrecostos en carrotanques de La Guajira: Revelaciones sobre el millonario contrato
24 de febrero de 2024
En el informe realizado por el mencionado diario que destapó los sobrecostos de los carrotanques, apareció Relaturg como beneficiaria de un contrato de “control y seguimiento” por más de 133 millones de pesos. La Asociación de Relacionistas y Transportadores Turísticos de La Guajira —conocida como Relaturg— fue contratada para velar por la correcta ejecución de los carrotanques, a pesar de que sus camiones nunca llegaron a abastecer agua. Aquella mención marcó el debut público de su vínculo con el escándalo de la UNGRD y sentó las bases para ubicarla, meses después, al frente de procesos tan sensibles como el transporte escolar.
1 de marzo de 2024
Mientras avanzaban las pesquisas, surgió un nuevo frente: la calidad del agua. En el corregimiento de Windpeshi, el líquido resultó salado y peligroso para el consumo. Los residentes reportaron enfermedades y cuestionaron la transparencia en el origen del suministro, pese a las garantías de la UNGRD sobre captaciones industriales y locales.
De interés: Preocupación por calidad del agua de carrotanques en La Guajira
19 de marzo de 2024
En un intento por apagar el incendio político, la UNGRD reactivó el proyecto “Agua por la Vida” bajo la dirección de Carlos Carrillo Arenas. Con el viceministro Luis Edmundo Suárez, prometieron alianzas con Ejército, Armada y municipios para garantizar 1,9 millones de litros diarios a 386.000 personas de la Alta y Media Guajira.
21 y 25 de septiembre de 2024
Meses después, los carrotanques permanecían varados en Uribia y Riohacha con llantas pinchadas y vidrios rotos. Líderes como Eudes Romero y José Silva denunciaron “abandono” y exigieron explicaciones públicas del presidente Petro y acción de la Fiscalía.
3 de octubre de 2024
La Procuraduría citó de urgencia a la UNGRD y a aseguradoras para buscar pólizas que permitan usar los 60 carrotanques parqueados en el Batallón de Infantería Cartagena, bloqueados por falta de cobertura contra todo riesgo.
13 de diciembre de 2024
Los conductores contratados denunciaron el incumplimiento de pagos desde junio y la retirada sorpresiva de los vehículos, un “abandono humanitario” que, según Franklin Toncel, condenó a las comunidades al desabastecimiento.
18 de junio de 2025
La Fiscalía selló un preacuerdo con Luis Eduardo López Rosero, condenado a 6 años, un mes y 21 días de prisión por concierto para delinquir agravado, peculado y falsedad ideológica, y obligado a reintegrar 7.722 millones de pesos. Se cerró así un capítulo de la macroinvestigación por saqueo en la UNGRD, aunque la memoria de un proceso plagado de promesas incumplidas quedará grabada en el polvo y la sequía de La Guajira.
2 de julio de 2025
Finalmente, la Fiscalía General de la Nación elevó el escándalo a un nuevo nivel al imputar formalmente a siete personas por desviar más de 100.000 millones de pesos del convenio entre la UNGRD y la Agencia Nacional de Tierras.
Entre los sindicados figura César Manrique Soacha, exdirector del DAFP, a quien se le atribuye haber facilitado el pago de coimas equivalentes al 7 % de cada contrato, incluido el de 40 carrotanques pequeños para La Guajira, cuyo sobrecosto superó los 13.164 millones.
Según el Ministerio Público, los fondos fluyeron a través de una red que involucró al subdirector Luis Carlos Barreto, el abogado Édgar Riveros Rey y su hija Ana María Riveros Barbosa, hasta llegar a intermediarios como Jorge Aristizábal.
A pesar de las contundentes pruebas —que incluyen registros de consignaciones y falsificación de documentos—, todos los imputados se declararon inocentes, y el proceso sigue su curso en los estrados judiciales.
Y.A.
