Habitantes de conjuntos de la urbanización realizan bloqueos por protesta. Exigen a Constructora Bolívar asumir responsabilidad por intereses moratorios y cobros retroactivos antes de recibir escrituras.
Al rededor del medio día de este viernes, la vía al aeropuerto Ernesto Cortissoz fue bloqueada por residentes de la urbanización Ciudad del Puerto, en el municipio de Soledad (Atlántico), como protesta ante los cobros indebidos de impuesto predial que aseguran están recibiendo por parte de la Secretaría de Hacienda municipal.
La manifestación tuvo lugar sobre la calle 30, justo frente a la sala de ventas de la Constructora Bolívar, a quien señalan como responsable del problema tributario por su presunta negligencia en la entrega oportuna del desenglobe catastral y por no declarar adecuadamente el área construida en los terrenos.
“Para quienes nos entregaron los apartamentos en 2022, tenemos la obligación de pagar desde 2023. El problema es que nos liquidaron desde 2021, cuando aún no teníamos escrituras”, denunció Andrea Moncada, una de las habitantes afectadas del conjunto Puerto Flauta en diálogo con medios locales.
Según explicó, algunos residentes lograron que se eliminara de sus cobros el año 2021, mediante derechos de petición ante la Oficina de Impuestos, ya que por norma no debía ser facturado. Sin embargo, aseguró que la Constructora Bolívar “no se quiere responsabilizar por ningún año, mucho menos por los intereses moratorios generados por su negligencia”.
La urbanización Ciudad del Puerto está compuesta por 12 conjuntos residenciales, con más de 6 mil unidades de vivienda, entre casas y apartamentos. Muchos de los residentes aseguran estar pagando impuestos de años anteriores a la entrega legal de sus propiedades.
La comunidad había intentado solucionar el conflicto mediante mesas de trabajo con la Secretaría de Hacienda de Soledad, representantes de la constructora y la Personería Municipal, pero ante la falta de resultados decidieron salir a las calles.
La respuesta de la Constructora
Por su parte, Constructora Bolívar respondió mediante un comunicado enviado a algunos residentes, en el que afirma que todas las viviendas escrituradas contaban con los respectivos paz y salvos del impuesto predial, los cuales son exigidos por ley para poder realizar el proceso notarial.
La constructora explica que dichos pagos se efectuaron “conforme a la ley, sobre las cédulas catastrales de mayor extensión, ya que en ese momento el municipio aún no había finalizado el trámite de desenglobe”.
Según la empresa, fue el propio proceso de desenglobe, sumado a una “interpretación normativa adoptada por la administración municipal”, basada en criterios catastrales y no tributarios, lo que habría ocasionado cobros retroactivos individualizados a los nuevos propietarios.
Constructora Bolívar insistió en que “ha cumplido a cabalidad con sus obligaciones tributarias” y que actualmente trabaja junto con una firma experta en derecho tributario para encontrar una solución definitiva al conflicto.
“En los próximos días compartiremos a las autoridades y a la comunidad nuestro análisis sobre la legalidad de la exigencia de la Alcaldía, la cual en ningún momento será contraria a los intereses de la comunidad”, concluyó la empresa en su comunicado.
Mientras tanto, la comunidad espera acciones concretas que permitan aliviar la carga económica injusta que hoy enfrentan, y no descartan nuevas movilizaciones ciudadanas si no hay respuestas satisfactorias.
Y.A.
